Pobreza energética

Por EQUIPO AICTS / 17 de enero de 2022

No es la primera ocasión en la que en el Blog de AICTS centramos la mirada en la pobreza energética. Es decir, esas condiciones de vida en las ciudadanos y familias se encuentran en situación de vulnerabilidad y no pueden abordar necesidades básicas vinculadas al acceso a la energía y la electricidad, entre otros servicios básicos, determinantes especialmente en los momentos en los que se produce un descenso de las temperaturas en inviernos y parte del otoño. Aunque no es un fenómeno nuevo ni reciente, hasta la crisis sistémica de 2008 y sus consecuencias en las condiciones de vida, no se había prestado especial hincapié desde las agencias institucionales y medios de comunicación a esta cuestión. Lo cual no quiere decir que no se produjesen esas situaciones, al contrario, se daban pero no tenían visibilidad. La crisis de 2008 y el descenso de las condiciones de vida de parte de la población hicieron que también se pusiese el foco sobre este hecho. De esta forma, familias y personas que no podían pagar la luz, que racionalizaban el encendido de una estufa o un radiador, imágenes de personas que dormían con mantas y abrigos, etc. Una pobreza energética que tenía también sus grados y que afectaba, una vez más, en mayor medida a los colectivos más vulnerables. Además, la incidencia también era más profunda en los niños y jóvenes, vinculándose a las condiciones de habitabilidad que se relacionaban con las condiciones para aprovechar los estudios, entre otros factores.

Cuando estas noticias comenzaron a ser frecuentes, las reivindicaciones sociales se tornaron también en políticas, tomándose medidas en relación a estas cuestiones para evitar el impacto de la denominada "pobreza energética". Desde hace una década, cada invierno surgen de nuevo las noticias vinculadas a esta situación, relacionándose en años como el actual con el incremento del precio de la luz. El que sea una noticia recurrente e institucionalizada vuelve a mostrarnos que es un problema que está lejos de solucionarse. De esta forma, un reciente artículo de El Confidencial alertaba que se producían más fallecidos por olas de frío que por olas de calor, hecho este último al que también haremos referencia al final del presente artículo. En el mismo se vinculada la situación, lógicamente, con el nivel de renta y los barrios de residencia. En el mismo diario online, se recogía la demanda de asociaciones de consumidores acerca de que el bono social, previsto para estos escenarios, no llegaba a todas las familias que lo necesitaba, indicándose que se estimaba que un 45% de las familias con dificultades para calentarse no recibe estas ayudas, que sí que eran percibidas por otros colectivos que no estaban en situación tan vulnerable. En resumen, las condiciones de acceso a este bono social también penalizaban a colectivos como las parejas jóvenes sin hijos, por ejemplo, que cuenten con bajos salarios. 

Lo que muestran estas noticias es que nos encontramos ante un problema que no parece tener solución, o que no se da con la tecla para afrontarlo. Son millones de familias las que se encuentran en estas situaciones, y es factible que puedan aumentar si se precarizan las condiciones de trabajo o aumentan los precios de la energía, como está ocurriendo. Son situaciones de emergencia social que necesitan de una intervención más directa. Además, el impacto de la pobreza energética también tendrá consecuencias en las condiciones de vida y de salud, lo cual incidirá en la posibilidad de contraer más enfermedades, en la esperanza de vida, etc. Nos encontramos, por lo tanto, con situaciones que no se quedan en ese impacto inmediato que estamos señalando, sino que van más allá.

Como hemos señalado, esta es una cuestión que seguirá presente pero no puede quedarse en la noticia de turno al comienzo del invierno o de las olas de frío. Al contrario, es un hecho mucho más estructural. Y, además, también dentro de la pobreza energética, no hay que olvidar el impacto de las olas de calor señaladas, consecuencia del cambio climático. Estas también serán más frecuentes y, de nuevo, la forma de afrontarlas estará marcada en parte por la posibilidad, por ejemplo, de contar con aire acondicionado o de no tener que estar regulando el uso de los ventiladores.







La dimensión y la cohesión territorial

Por EQUIPO AICTS / 10 de enero de 2022

Los próximos periodos electorales van a estar determinados en buena medida por la dimensión territorial. La evolución de nuestras sociedades ha lanzado de nuevo las cuestiones territoriales en diferentes sentidos. Por un lado, la Globalización ha dado lugar a la concentración de determinados recursos y población en las grandes metrópolis. Estos ámbitos son los vencedores de este proceso cómo se ha ido observando en la última década, dando lugar a una reconfiguración de las elites que han perdido su carácter nacional. Por otro lado, no cabe duda que a lo largo de la misma, y en el caso español, se ha producido una puesta en valor y reivindicación del medio rural y de sus valores. La situación del medio rural del interior peninsular ha dado lugar a un escenario de despoblación de una buena parte del mismo, como consecuencia de procesos políticos, sociales, económicos y culturales que comenzaron en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, y a pesar de las reivindicaciones y políticas que se han puesto en marcha para evitar y mitigar dicho proceso, no se están logrando los resultados deseados.

Por otra parte, también comienzan a darse procesos de reivindicación de las ciudades intermedias y de sus regiones. Es decir, lugares que no son las grandes ciudades ni tampoco el medio rural en fase de despoblación, aunque este último formaría parte de dichas regiones. Un escenario que comenzó a visibilizarse en Francia y que se está expandiendo a otros territorios. Es una cuestión que afecta también a la cohesión social y territorial ya que, en la mayor parte de los casos, nos encontramos con zonas, municipios y regiones, que habían tenido una evolución positiva en el siglo pasado pero que, en las últimas décadas, se van quedando relegadas en dicho proceso de Globalización. Las mismas han ido perdiendo parte de sus actividades productivas vinculadas al sector secundario, a través de la deslocalización en no pocas ocasiones o directamente del cierre de empresas e industrias. De la misma forma, también se ha producido una transformación del sector primario, vinculada también a la despoblación del medio rural.

En su conjunto, se produce una reivindicación de la cuestión territorial desde la perspectiva de las demandas y de las necesidades de estas zonas y municipios. Desde diferentes ámbitos, se ha vinculado este hecho a una suerte de victimismo y de una visión no global e integral del escenario en el que nos encontramos. No es menos cierto en que, en ocasiones, parte de estas demandas pueden dar la impresión de sustentarse en un "que hay de lo mío", pero también caeríamos en el error de no entrar en la complejidad del asunto. Existe la asunción de que hay dinámicas muy estructurales y que las posiciones de los municipios y territorios obedecen a una multiplicidad de factores, así como a la evolución de las sociedades. Sin embargo, no cabe duda que las dos últimas décadas están agravando las desigualdades territoriales y ampliando ciertas brechas que, en las décadas finales del siglo XX, se habían reducido, especialmente en la cuestión relativa a ciudades pequeñas y medias. Ciertamente, la cuestión del medio rural es mucho más compleja de solucionar, en tanto en cuanto también el crecimiento de estas últimas se basó en parte en la despoblación del los pueblos. Sin embargo, la búsqueda de alternativas y de soluciones no debe pasar por visiones dicotómicas rural - urbano sino por una posición integral que entienda que el medio rural tendrá más oportunidades en un contexto más amplio. Y lo mismo ocurre para estas regiones y ciudades, que deben evitar entrar en ciertas competencias entre ellas, muy al uso de las dinámicas de las últimas décadas.

Por otra parte, una de las cuestiones centrales que afecta a estos territorios es la vinculada a los servicios públicos, dentro del marco de los Derechos Sociales. Como decíamos anteriormente, no cabe duda que durante el último tramo del siglo XX se produjo, en España, un avance significativo en relación a la cohesión territorial. Sin embargo, no es menos cierto que no son pocos lugares, y no únicamente los del medio rural, los que están sufriendo situaciones de una menor accesibilidad a los servicios públicos. Por ejemplo, atención médica específica en ciudades como Soria. La accesibilidad a los servicios públicos, dentro de la racionalidad de la misma, debe estar garantizada y debe evitarse que se intensifiquen brechas y desigualdades en la misma. Y, este hecho también debe aplicarse a los dos principios que marcan los planes de recuperación, tanto europeo como nacional y autonómicos, que son la digitalización y la sostenibilidad. Estando de acuerdo con ambos, especialmente con el segundo, la forma en que se aborden ambas puede generar más escenarios de desigualdad territorial, ampliando la falta de cohesión territorial. El escenario es complicado y complejo, hay contiendas electorales a la vuelta de la esquina y en ellas este factor será determinante, pero las soluciones no pueden ser ni a corto plazo, ni desde miradas limitadas, ni con parches que pretendan dejar en barbecho la situación. Todo esto, puede ocurrir.







Sobre la situación de los sistemas de Salud y la "sexta ola"

Por EQUIPO AICTS / 03 de enero de 2022

Habíamos terminado el Blog de AICTS en el año 2021 con la reivindicación del modelo de sociedad basado en la cohesión social a través del Estado de Bienestar. Y, precisamente, comenzamos 2022 con uno de sus pilares básicos: los sistemas sanitarios. Lo hacemos en un contexto como el de la "sexta ola" de la pandemia covid-19 y su impacto. De nuevo, sí, tenemos que regresar a la covid-19. Una pandemia que no ha terminado, que sigue presente y que, con la "sexta ola", se ha demostrado su imprevisibilidad y su variabilidad, con una variante ómicron que ha venido a llevarse prácticamente por delante una parte de los avances que se habían logrado en los meses pasados. Obviamente, se ha conseguido reducir la letalidad del virus gracias a las vacunas, las cuales precisarán de más dosis en el futuro. Y, de la misma forma, también es necesario abordar en serio la vacunación del conjunto de la población mundial, no poner parches e incidir en procesos de desigualdad como los que hemos vivido este periodo, una reproducción de los existentes pero llevados a la vacunación. Ómicron ha llegado para recordarnos que esto no había terminado a pesar de las sensaciones vividas hasta comienzos del mes de diciembre de 2021.

Es obvio que una variante puede ser imprevisible y que, como hemos comentado en el párrafo anterior, el virus también evoluciona y se adapta. También que, lamentablemente, esto irá para largo. Pero, lo que sí que tendríamos que tener en consideración es que nuestros sistemas de Salud, y se venía advirtiendo desde marzo de 2020, desde el minuto 1 de la pandemia, precisaban un refuerzo. Cuando no quedó otro remedio, y ante la urgencia de la situación, se fueron haciendo esfuerzos que, en parte gracias al voluntarismo y al esfuerzo del personal sanitario, contribuyó a remontarse el escenario. Sin embargo, no es menos cierto que había debilidades estructurales como consecuencia de recortes y ajustes presupuestarios del pasado, falta de personal, carencias que hacían referencia a equipos básicos y respiradores, etc. Se reforzaron las plantillas y el esfuerzo estuvo presente, nadie lo niega. Pero no se llevó a cabo un abordaje de renovación o de previsión de lo que podría pasar, o seguir pasando. En este sentido, Atención Primaria ha sido uno de los ámbitos más afectados. 

Cuando la pandemia comenzó a aflojar, gracias a la vacunación, tendrían que haberse abordado reformas en nuestros sistemas de Salud, dentro de un país como España hay también sus diferencias autonómicas, en previsión de una posible nueva ola del virus. No ocurrió y a medida que avanzaba diciembre se observó cómo el sistema mostraba de nuevo limitaciones. Es cierto que esas menores consecuencias del virus por la vacunación han incidido en una menor presión hospitalaria, pero ha ido creciendo y no parece que vaya a dejar de hacerlo en este periodo. Sin embargo, la Atención Primaria se ha visto desbordada, los rastreadores no pueden cubrir los posibles contagios, faltan PCRs y hay una sensación de nuevo de estar superados. Si en los comienzos de la pandemia había cuestiones que podían tenerse en consideración, ahora no, y lo más importante es la previsión. 

Una de las consecuencias más importantes es el impacto que se da en el propio personal sanitario, quemado y desbordado ante una ola más. No cabe duda que es una de las consecuencias más directas de esa falta de previsión en relación a los propios sistemas de Salud. A lo largo de la pandemia hemos asistido a una evolución en la puesta en valor del mismo. El comienzo de la misma fue el del reconocimiento al esfuerzo que hacía este personal, así como todos trabajadores y trabajadoras que prestaban servicios esenciales, porque fue un hecho determinante en haber podido salir de la misma. Los balcones y ventanas se convirtieron en la escenificación de esas muestras de solidaridad y reconocimiento que duraron dos meses, hasta que se fue levantando el confinamiento. Un personal exhausto fue teniendo picos de subidas y bajadas a medida que iban avanzando las olas, siempre con el temor de volver a repetirse el escenario de la primavera de 2020. Sin embargo, la evolución de la vacunación fue determinante para que no se produjese esa situación. Pero, como decíamos, los sistemas sanitarios no fueron reforzados en la medida de lo posible o de lo que demandaban los propios profesionales, hecho que también ha provocado que se sucedan numerosas bajas por contagios entre el propio personal sanitario, aumentando la presión sobre el sistema y sus trabajadores y trabajadoras. De hecho, mientras que asistimos a un nuevo minuto y resultado de la variante ómicron en las últimas semanas, por el aumento continuo de los contagios, van surgiendo también las noticias de ese impacto en nuestros sistemas sanitarios y sus trabajadores y trabajadoras. 

Socialmente, la "sexta ola" ha tenido un efecto muy importante en la moral de los ciudadanos y ciudadanas que se han instalado no ya en el miedo o la fatiga sino directamente en el enfado, como señalaba Héctor G. Barnés en su artículo de El Confidencial sobre la cuestión. Es una realidad que, bien por la cercanía de las Navidades, bien por el hecho de que pensábamos que se había superado un estadio clave en relación a la pandemia, esta situación no se veía venir. O no se fue lo suficientemente previsor cuando en otros países de nuestro entorno se estaba produciendo un crecimiento exponencial de los contagios, caso de Alemania hace un mes, por ejemplo. En esos momentos, nos pensábamos que estábamos cubiertos o salvados por el mayor índice de vacunación o porque los inviernos españoles no son tan crudos como los alemanes. Pero no, aquí estamos. La sociedad está enfadada y se producen situaciones y debates sobre celebraciones navideñas, reuniones o medidas a tomar. Luego, también hay una cierta sensación de improvisación con las decisiones tomadas, por ejemplo el recuperar la obligatoriedad de la mascarilla en espacios abiertos, hecho que ha sido cuestionado por no pocos expertos. También no es menos cierto que muchas personas han mantenido la misma en todo este periodo. 

Solía decirse desde el comienzo de la pandemia que habíamos salido reforzados o que habíamos aprendido muchísimo de las situaciones que íbamos viviendo. La verdad es que no parece. Y, en este contexto, lo que nos queda claro es que hay que trabajar, proteger y potenciar nuestros servicios públicos para afrontar escenarios como los actuales. Nuestros sistemas de Salud, ejemplares en no pocos casos e indicadores, precisan un refuerzo más amplio. Ciertamente, y como habíamos comentado en posts anteriores, no hemos pasado por los mejores tiempos para las políticas públicas basadas en el Estado de Bienestar pero, por eso mismo, y viendo los resultados, se ha demostrado que es la vía que tenemos que seguir, y no otras que se han mostrado ineficaces y perniciosas. Estamos a tiempo. 








El regreso del Estado de Bienestar

Por EQUIPO AICTS / 27 de diciembre de 2021

Durante los últimos meses, se ha producido un incremento del debate sobre el valor del Estado de Bienestar y la socialdemocracia. En realidad, el mismo es la continuación de un proceso que ya se estaba dando. La pandemia covid-19 puso de manifiesto el valor de las políticas públicas y su necesidad, no solo para hacer frente a crisis de dicha magnitud, que obviamente sí, sino para abordar la cohesión social. Pero, este debate ya se manifestó ante la respuesta a la crisis de 2008 cuando, mediante políticas de austeridad, la cohesión social se vio debilitada y el Estado de Bienestar quedaba muy tocado. Recordemos que, en el caso de España por ejemplo, se produjeron recortes y ajustes en todos los ámbitos del mismo, aunque también se fueron recuperando parte de las inversiones en los años siguientes. Si nos retrotraemos más atrás incluso, el debate sobre el Estado de Bienestar y las políticas públicas basadas en la cohesión social y la corresponsabilidad ha sido transversal a las últimas décadas, concretamente desde la crisis de la década de los setenta, la expansión de las políticas de corte neoliberal y los cambios en el papel de la economía en nuestras sociedades.

No se trata de volver a recordar los orígenes del Estado de Bienestar, sus consecuencias para la sociedad y el valor de los Derechos Sociales, hechos que están muy presentes continuamente en no pocos ámbitos. Al contrario, se trata de seguir ponbiendo en valor al mismo en un contexto cada vez más complejo y que precisa de nuevos escenarios en esa dirección. El Estado de Bienestar supuso un punto de inflexión en nuestras sociedades y ha sido el modelo que ha tratado de ser seguido como una forma de garantizar niveles de vida dignos para los ciudadanos y ciudadanas, vinculándose con el propio concepto de ciudadanía y los ya señalados Derechos Sociales. Como bien indicaba Marshall, difícilmente se podrán disfrutar los Derechos Civiles y Políticos si no están garantizados los Sociales. Los pilares del Estado de Bienestar, la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales y las Pensiones, se han ido desarrollando y transformándose en función del modelo de Estado de Bienestar del que estemos hablando, así como de los impactos de las reformas y ajustes en el mismo desde la década de los setenta del siglo XX. Ese proceso vino motivado por los cambios que comenzaron a operarse en esa década, por la llegada de ideologías neoliberales en el ámbito económico y, como consecuencia, el New Public Management que suponía la implentación en los servicios públicos de lógicas de la empresarial y una concepción clientelar de los servicios. Este hecho dio lugar a privatizaciones que han supuesto también una transformación en las transferencias sociales. Y, no lo olvidemos, estamos haciendo referencia a un modelo de sociedad en el que los efectos de estas políticas tienen consecuencias a lo largo de la vida de los ciudadanos. Es decir, Estados de Bienestar más sólidos y con políticas más consolidadas darán lugar a unas transferencias sociales con mayor impacto. 

En países como España, el Estado de Bienestar llegó con algunas décadas de retraso en relación a sus vecinos europeos, pero en los años ochenta y noventa del siglo XX se consolidó el mismo. Como otras sociedades del sur de Europa, el modelo de Estado de Bienestar español se basó también en el familismo. Es decir, el apoyo y la solidaridad familiar, en el sentido de apoyo y atención a sus integrantes suplía lo que en otros modelos hacía el Estado o las administraciones. Este familismo ha sido una constante que se ha observado en la atención a la dependencia, la ayuda en el cuidado de los nietos por parte de los abuelos y abuelas, el apoyo económico en contextos de dificultad, como se reflejó en la época de la crisis de 2008, entre otros aspectos. Pero, no cabe duda que con sus debilidades y contradicciones, algunas sin ser resueltas como el menor papel de los Servicios Sociales, sin duda el pilar menos desarrollado del Estado de Bienestar en casos como el español, el desarrollo de este modelo ha sido determinante para nuestras sociedades, como hemos venido señalando. 

¿Qué está ocurriendo para que se vuelva la vista, una vez más, hacia el Estado de Bienestar como modelo y se debata a su adaptación a las nuevas realidades? Lo que está ocurriendo es que nos encontramos ante unas sociedades que se van debilitando en relación a la cohesión social y que precisan de respuestas a este desafío que viene marcado por el aumento de la desigualdad. Es decir, un modelo de sociedad distinto que nos está retrotrayendo a modelos anteriores. Incluso, este debate se enmarca en la cuestión del valor de la socialdemocracia como una vía a retomar tras varias décadas de avance de un neoliberalismo económico que ha tenido su reflejo en la política. Aunque fue la crisis de 2008 la que hizo saltar todas las alarmas y contradicciones, no es menos cierto que el modelo que se alumbró tuvo sus bases en las décadas anteriores, especialmente a partir de los noventa. Fue un proceso en no pocas ocasiones soterrado y sutil, conformado paradójicamente sobre las bases de ese Estado de Bienestar que había alumbrado una sociedad más cohesionada. Una contradicción que incide en que, posiblemente, hizo falta más pedagogía y una puesta en valor de estas políticas, así como afrontar los desafíos y los cambios que se estaban produciendo de forma diferente. Recientemente, El País publicó un artículo de opinión a cargo de Gemma Ubasart y Ricard Gomà bajo el título "Tejer ciudadanía social más allá del Estado de bienestar". Un artículo muy interesante que hacía referencia a esos retos y desafíos de la sociedad y cómo eran necesarias nuevas políticas que afrontasen la situación partiendo de ese marco, el del Estado de Bienestar, pero superándolo porque la sociedad era muy diferente a la de carácter fordista que alumbró la de de dicho marco. Nuevos retos y desafíos derivados de la situación de la estructura productiva, de la Globalización o del papel del municipalismo como oportunidad para una nueva política social. 

Las políticas sociales son más necesarias que nunca y, con el caso de la pandemia covid-19 se ha observado que las mismas han sido determinantes para afrontar sus efectos, aunque queda mucho camino por recorrer. El nuevo modelo de sociedad, que está generando más desigualdad, precisa de volver la mirada hacia las condiciones materiales de los ciudadados y ciudadanas y a encontrar una forma de recuperar el valor del empleo, precarizado como en no pocas ocasiones en las últimas décadas. En este escenario, las desigualdades serán más elevadas y se producirá un descenso de una cohesión social ya tocada, hecho que puede ser aprovechado por determinadas fuerzas políticas de extrema derecha y populistas. Desde AICTS, tenemos un compromiso con el Estado de Bienestar y las políticas públicas basadas en la cohesión social, con esas políticas sociales que son más necesarias que nunca, pero desde una mirada autocrítica y crítica y desde la necesidad de afrontarlas con los cambios que se están dando, precisamente para poder dar una mejor respuesta a esos desafíos. El reto es mayúsculo por la evolución que ha llevado la socialdemocracia y las contradicciones en las que ha caído y su escenario actual, en el sentido de afrontar transformaciones necesarias en nuestras sociedades o seguir asumiendo postulados institucionalizados que abocan a una situación más complicada si cabe, como indica Esteban Hernández en un reciente artículo en El Confidencial. Pero, como hemos comentado anteriormente, algunos caminos parecen definidos, dependerá del vehículo que usemos para transitarlos, superando contradicciones y analizando los aspectos que han funcionado y los que no, adaptándose a los nuevos escenarios. 









Abordando las desigualdades

Por EQUIPO AICTS / 20 de diciembre de 2021

No cabe duda que uno de los campos de estudio más importantes, puede que de los más centrales, en el conjunto de las Ciencias Sociales sea el de las desigualdades. No toca en este punto realizar un recorrido por el concepto y por las perspectivas teóricas que lo han tratado y que lo siguen haciendo. La lucha por la igualdad y la equidad han definido buena parte de movimientos políticos y sociales, sin olvidar los diferentes sustratos argumentales que abarcan todos los ámbitos. La construcción de modelos de sociedad basados en el Estado de Bienestar, en la cohesión social y en la corresponsabilidad ha sido un hito que ha marcado buena parte del siglo XX hasta la actualidad. Sociedades en las que, siendo conscientes de la desigualdad estructural, se han alcanzado niveles de bienestar inimaginables en periodos anteriores. Sociedades en las que se han alcanzado derechos sociales, en la línea de las teorizaciones de Marshall y otros autores. Sin embargo, este escenario, como hemos señalado en otras ocasiones, está cambiando.

Con un recorrido claro, con esos cambios generados con el ascenso del neoliberalismo en la década de los setenta del siglo XX y su consolidación en las siguientes, el modelo en una crisis continuada. Es cierto que las sociedades occidentales gozan todavía niveles de bienestar a las que la mayor parte del resto del mundo aspira, y es fundamental continuar trabajando para que esa desigualdad global también se reduzca. Sin embargo, las corrientes que marcan la evolución del capitalismo en las últimas décadas no parecen frenar. Además, suele ocurrir que no son pocas las visiones que indican que no deberíamos quejarnos del mundo en el que vivimos, insistimos que en el ámbito occidental, ya que se han logrado numerosos avances y se han conseguido logros significativos en esta materia, además de que unas sociedades más desiguales eran una constante para las generaciones anteriores. Cierto, pero debemos tener en consideración los vientos que corren, y no son positivos.

Hace unas semanas, el economista francés Thomas Piketty, que se ha convertido en uno de los grandes teóricos sobre la desigualdad y que ha alcanzado un elevado reconocimiento público con sus voluminosas obras, advertía en una entrevista en El País que el escenario actual era como el previo a la Revolución Francesa. Suponemos que no serán pocas las personas que habrán arqueado las cejas y se habrán sorprendido por la comparación, incluso teniendo en consideración la enorme transformación del contexto. Sin embargo, Piketty analiza el fenómeno desde un punto de vista cierto. Este no es otro que el papel que están teniendo las elites en nuestras sociedades, relacionándolo con el de la nobleza francesa en el momento indicado por el economista, cuando este grupo social privilegiado se negó a pagar impuestos, siendo este hecho un factor determinante en el levantamiento del pueblo francés. No cabe duda que, en la actualidad, uno de los cambios más sobresalientes que se ha producido es el relacionado con las elites y cómo se ha producido una desconexión con sus sociedades. Este argumento ha sido ampliamente trabajado por autores como, por ejemplo, el periodista Esteban Hernández, jefe de Opinión de El Confidencial, que ha publicado libros sobre la cuestión. Obviamente, la cuestión también se complejiza porque las elites no son homogéneas pero, dentro de la era del caplitalismo neoliberal globalizado, este grupo ha tomado un camino hacia delante que tiene un enorme riesgo para la cohesión social. Seguro que tampoco faltan los argumentos que indican que estamos ante una sociedad dormida o que, incluso, legitima estos comportamientos, los justifica, los aplaude, los imita (dentro de su orden de posibilidades), etc.

Mientras tanto, los datos e indicadores no dejan de mostrar esos vientos que no soplan bien, llevan haciéndolo mucho tiempo. La crisis de 2008, sistémica y punto de inflexión, sigue estando presente, junto con la pandemia covid-19 y sus efectos. Sí, puede que los fondos de reconstrucción y demás tengan un efecto positivo a corto y, con un poco de suerte, a medio plazo, pero las situación es muy estructural. Millones de trabajadores han visto descender su poder adquisitivo, y no parece que se vaya a quedar aquí la tendencia. La movilidad social descendente es un hecho, como también lo indican datos sobre las clases medias. El contexto del malestar crece con la transformación de nuestras estructuras productivas, con la pérdida de sectores que fueron sobre los que se construyó esa sociedad. No quiere decir que se mire con nostalgia este hecho, ni que algunas actividades y sectores no tengan que ser reconfigurados, pero es una realidad que las alternativas que se están generando a los mismos no están siendo las adecuadas. Por ejemplo, Cádiz ha protagonizado unas semanas de huelgas e incidentes que son un reflejo es de este escenario. No, no son buenos tiempos, pero las advertencias no cesan. Los planes de recuperación de la covid-19 pueden ser una oportunidad para cambiar ciertas tendencias que son estructurales, pero no está claro que se consiga. Incluso, lamentablemente, seguramente que las intensifiquen. 








Salud mental y jóvenes

Por EQUIPO AICTS / 13 de diciembre de 2021

No es la primera vez que en el Blog de AICTS aludimos a la situación de la salud mental en nuestras sociedades. Sin duda alguna, nos encontramos ante un escenario que se está volviendo cada vez más complicado, con unas situaciones que están perjudicando y condicionando la salud mental. El mismo afecta a todos los grupos de edad aunque también se dan algunas diferencias, como muestran informes y estudios que se han publicado en las últimas semanas. También hicimos referencia a este hecho con el impacto de la pandemia covid-19 en la salud mental y sus consecuencias. En primer lugar, la incertidumbre y todo lo que está rodeando a la misma, especialmente en los momentos más duros de confinamientos y restricciones. Obviamente, no podemos dejar de señalar los momentos de duelo y sufrimiento por la propia enfermedad. También las situaciones derivadas de los impactos en los puestos de trabajo y en las condiciones de vida. Pero, no es menos cierto que la situación de la salud mental ya estaba en un contexto más complicado desde antes de la pandemia. Cuestiones como las presiones de nuestras sociedades o el avance de la soledad entre determinados grupos de edad, especialmente las personas mayores, estaban presentes.

En las últimas semanas, como decíamos, la cuestión de la salud mental ha sido puesta de nuevo de manifiesto en los medios de comunicación, centrándose también en los impactos de la pandemia covid-19. De esta forma, El País alertaba de que los casos de ansiedad y depresión se habían disparado siendo entre tres y cuatro veces más frecuentes que antes de la misma. Como hemos señalado, las condiciones específicas de la situación derivada de la pandemia han sido determinantes para que se produzca este hecho. Pero, además, también se indicaba que existe un déficit de recursos en la sanidad pública para abordar estas situaciones, además de la necesidad de prevención. No es menos cierto que, afortunadamente, se han producido importantes avances en las últimas décadas en relación a la salud mental pero todavía queda un largo camino por recorrer. Sin embargo, esta alerta acerca de las necesidades no cubiertas y de que sea necesaria la ampliación de los medios para abordarlas desde la sanidad pública muestran que todavía existen costuras importantes.

Alarmante ha sido también el informe anual de UNICEF sobre El Estado Mundial de la Infancia, todo un referente a la hora de diagnosticar y valorar la situación de niños y jóvenes en el mundo. Pues bien, el mismo arroja una serie de indicadores relevantes en relación a la salud mental de este grupo de edad: uno de cada siete adolescentes tiene un problema de salud mental diagnosticado; casi 46.000 adolescentes y jóvenes se suicidan al año en el mundo; pero únicamente el 2% de los presupuestos de salud de los gobiernos del mundo están destinados a dicho colectivo. Es decir, el escenario es bastante alarmante. Si descendemos al caso de España, nos encontramos con que los jóvenes españoles registran el peor índice de salud mental de Europa. De nuevo las consecuencias de la covid-19 están presentes, pero también otros aspectos, globales, como son el impacto de las tecnologías y una hiperconectividad que genera elevadas dosis de ansiedad. 

En definitiva, la salud mental debe ocupar un papel más relevante en las agendas públicas, siendo una cuestión central para el bienestar de las personas. No cabe duda que hay escenarios y situaciones en los que los riesgos aumentan, hemos señalado algunos ejemplos, pero no debemos caer en algunos tópicos que contribuyen a banalizar o minusvalorar estas cuestiones. La prevención es más necesaria que nunca, en todos los casos pero, especialmente, en los jóvenes y niños, los cuales tienen el riesgo añadido de, en caso de no abordar esta situación de forma correcta, puedan arrastrar consecuencias derivadas de la misma durante buena parte de sus vidas. Sin embargo, algunas tendencias actuales contribuyen precisamente a todo lo contrario, a incrementar y cronificar esos riesgos y vulnerabilidades. 









Crisis energética y desigualdades

Por EQUIPO AICTS / 29 de noviembre de 2021

Una nueva crisis ha irrumpido en los últimos meses. La energética y todo lo relacionado con las materias primas. Un escenario que ofrece numerosos debates y perspectivas en relación a las cuestiones geoestratégicas, con sus zonas grises, pero que va teniendo un fuerte impacto en la estructura social. Las desigualdades se recrudecen a partir de un panorama que no ofrece lugar a dudas. Y todo ello se une a las consecuencias de la pandemia de la covid-19 en la que todavía nos encontramos inmersos. Queda mucho camino por recorrer en este sentido y ya hemos hablado de los fondos de reconstrucción y de las medidas y direcciones que se están planteando en ese sentido, buena parte de las cuales generan dudas como las que apuntaba acertadamente Ramón González Férriz en un reciente artículo en El Confidencial. En el mismo, González Férriz centraba sus argumentos en el impacto de la digitalización y la sostenibilidad en la economía y en el empleo, con unos colectivos beneficiados y otros perjudicados. Sin cuestionar estas líneas, indicaba que no se podían asentar en reparto desequilibrado en el que se verán beneficiadas las grandes empresas frente a los pequeños y medianos agentes. Una realidad que hemos visto en no pocas ocasiones.

Sirva este escenario para situar el contexto porque, con las noticias y tendencias actuales, las desigualdades se acrecentarán sin duda alguna. Primero vino el impacto de la subida de la luz, un hecho que fue generando una gran incertidumbre mientras se observaban ascensos del precio de la luz que llevaban a una elevada incredulidad. Este aumento de la luz tendrá un gran impacto en cuestiones como la "pobreza energética", la cual se incrementará ante el hecho de que no serán pocas las familias y ciudadanos y ciudadanas que tendrán dificultades para afrontar un recibo de la luz en alza. A estos colectivos es presumible que se unan otros que tendrán que hacer recortes y ajustes en todo lo relacionado con los gastos domésticos y del hogar. En definitiva, un escenario que se complejiza todavía mucho más en un momento en el que también surgen incertidumbres respecto a la distribución de gas, por ejemplo.

En otro lado del contexto, todo lo que está ocurriendo con la carencia de ciertos materiales y productos necesarios para la producción en nuestros países. Recordando las variables geoestratégicas, hay que tener en cuenta el impacto en nuestras economías. Estamos inmersos en una dinámica en la que, cualquier parón o reducción de la actividad económica, tiene unas consecuencias tremendas sobre la estructura social, afectando inicialmente y en mayor medida a los colectivos más vulnerables. Este escenario también genera una elevada incertidumbre, una inestabilidad que es creciente a pesar del contexto ya señalado de los incentivos y planes de reconstrucción en relación a las consecuencias de la covid-19. Obviamente, también hay que tener en consideración cómo funcionan estos procesos con respecto a relatos y discursos, dentro de escenarios en los que la actualidad informativa marca y lo que hoy parecía "el fin del mundo", mañana o incluso en el mismo día, es olvidado. Sin embargo, no es menos cierto que esos riesgos están ahí y aunque, en no pocas ocasiones, el alarmismo se impone, también se dan situaciones que tienen sus consecuencias en el día a día y en las actividades productivas.

En cierto sentido, cayendo en un tópico, en ocasiones parece que nos acercamos a una especie de "tormenta perfecta", con no pocos frentes abiertos y dificultades que van surgiendo. Pero, este hecho no debe dejar de hacernos ver que estamos ante un escenario más global. Sin duda alguna, estamos recogiendo en parte frutos y consecuencias del modelo de Globalización que se ha construido y de las decisiones que se han tomado en nuestras sociedades. Retornamos a la pugna geoestratégica y al papel que Europa y países como España están ocupando en el mundo. Si con la covid-19 observamos y vivimos las consecuencias de las deslocalizaciones y de haber dejado de lado el sector secundario en nuestros países, con esta nueva crisis se confirma ese modelo que ha transformado de forma radical el tablero de juego, aunque ha mantenido las fichas de algunos actores. Entre ellos, nosotros. Insistimos, no podemos dejar de ver todo este escenario en un proceso más global, más estructural, un escenario que aumenta la desigualdad y que lleva a un incremento del malestar social. Al final, la cohesión social se ve amenazada por más frentes. Veremos.








Familias monoparentales y vulnerabilidad

Por EQUIPO AICTS / 22 de noviembre de 2021

Uno de los colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social lo forman las familias monoparentales, especialmente si están encabezados por una mujer, como suele ser la realidad. En el año 2020, la Encuesta Continua de Hogares, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogía casi dos millones de hogares monoparentales, de los cuales el 81,35% estaban encabezados por mujeres. Con respecto al conjunto de los hogares, los monoparentales representaban el 10,41%. Es decir, uno de cada diez. Es un fenómeno creciente ya que, desde 2014, cuando se recoge el primer dato de dicha encuestta, los mismos eran el 9,54%. En cuanto al número de hogares monoparentales, estos han aumentado un 11,72% en el periodo 2014 - 2020. Una realidad que, como decíamos, afecta en mucha mayor medida a las mujeres que, especialmente en situaciones de separaciones y divorcios, se hacen cargo en mayor medida de las custodias de los hijos. 

La vulnerabilidad de este colectivo lleva tiempo siendo analizada ya que, en general aunque de nuevo hay que incidir en que nos encontramos ante un fenómeno heterogéneo, cuando en un hogar solo hay un ingreso y una persona que realiza las tareas domésticas, las dificultades son mayores. En este sentido, ya estaba identificado el grupo de mujeres cabeza de familias monoparentales como uno de esos grupos en los que mayor riesgo existe de entrar en la vulnerabilidad socia. Se mezclan diferentes factores, además de los mencionados, ya que aparece también una mayor presencia de empleos precarios e inestables. También existen muchas más dificultades en relación a la atención de los hijos e hijas ya que las funciones que realizan dos personas tienen que ser llevadas a cabo por una sola. De esta forma, por ejemplo en el ámbito educativo, esta persona tiene que multiplicarse. En definitiva, una situación más compleja reivindicándose continuamente una mayor atención por parte de las políticas públicas.

El impacto de la covid-19 ha sido todavía mayor para el colectivo de las familias monoparentales, con independencia de su sexo, en el sentido de aumentar su vulnerabilidad social. El País recogía hace unas semanas los resultados de un informe que había llevado a cabo EAPN España. Los resultados no podían ser más concluyentes. Una de cada siete personas que criaban solas a sus hijos sufrieron durante 2020 carencias graves en su hogar. Los testimonios son elocuentes, mujeres que señalan su experiencia de la crianza en solitario de sus hijos a lo largo del confinamiento y escenarios de pérdida de empleo, por ejemplo. De esta forma, la vulnerabilidad, como decíamos, se incrementa.

Sin duda alguna, las características de este colectivo suponen un importante factor de riesgo de exclusión social, como bien reflejan estudios como el señalado. Es un colectivo heterogéneo, lógicamente, y habrá personas que no respondan a este perfil, pero es un hecho que su escenario es complejo. Son necesarias políticas públicas que avancen en sistemas de protección más profundos, especialmente en colectivos más vulnerables. Sin embargo, no es menos cierto que volvemos a encontrarnos con una desigualdad de naturaleza estructural que se va incrementando a medida que el mercado de trabajo se precariza en mayor medida o que aumentan los precios de la vivienda, en propiedad o en alquiler como ya hemos señalado en otros artículos de este blog













La llegada a los estudios superiores y su valor

Por EQUIPO AICTS / 15 de noviembre de 2021

El País publicó hace unas semanas un interesante y amplio artículo sobre cómo el acceso a los estudios superiores ya no suponía un mecanismo de ascensor social. Este hace tiempo que quedó averiado, en el sentido de que lo que sucedió durante las décadas de creación y consolidación del Estado de Bienestar en España. En ese periodo, llegaron a la universidad numerosas personas procedentes de clases trabajadoras y medias para las que, hasta entonces, alcanzar los estudios superiores era prácticamente una utopía. Este proceso se vio fortalecido por la ampliación de la oferta universitaria, también a través de la creación de universidades, y al sistema de becas. De esta forma, se producía una consolidación de las clases medias y esa movilidad social se veía reforzada. Sin embargo, con la crisis de 2008 este sistema se quiebra, aunque las bases de este escenario estaban ya presentes años antes. 

El artículo de El País recogía datos de un estudio de Cáritas y la Fundación FOESSA que mostraba cómo, de 2018 a 2021, la exclusión social para graduados universitarios había pasado del 6,9% al 15,3%, afectando a más de un millón de personas. El artículo se complementaba con testimonios de personas en esa situación. Esa quiebra del modelo en el que, a mayor nivel de estudios, se garantizaba dicha movilidad social y no encontrarse en situaciones de exclusión social supone un grave impacto para la cohesión social y para el valor de los estudios superiores. De esta forma, se produce por parte de diferentes agentes, de forma interesada, un cuestionamiento del valor de la universidad. En España, han sido frecuentes los mensajes acerca de que muchas personas acceden a la universidad, de que sobran centros, o de que se estudian carreras que, posteriormente, no tienen salida en el mercado laboral. Ahondar en este tipo de mensajes está caracterizado por una visión elitista de la educación y de la estructura social. Cuantas más personas alcancen un mayor nivel de formación, mejor, y eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todos los sentidos con las teorías del capital humano, que también han mostrado importantes limitaciones. Numerosos centros universitarios de nuestro país cumplen funciones sociales tan importantes como acercar esos estudios a colectivos que, de otra forma, no podrían permitirse ni los costes directos ni los indirectos que supone estudiar en la universidad. Finalmente, se lanzan mensajes contradictorios porque, en primer lugar, decimos a las personas que estudien su vocación, que se formen en lo que les gusta pero, posteriormente, se les culpabiliza de haber elegido "mal" su formación. Este hecho genera una gran disonancia y señala al individuo y no a un sistema que es el que no cuenta con un modelo que facilite el aprovechamiento, con todas las letras, de una formación que está ahí. De esta forma, las visiones críticas y parciales se lanzan a señalar la sobrecualificación de numerosos trabajadores y trabajadoras, que estarían desempeñando un trabajo que no precisaría la formación universitaria. De nuevo, ¿de quién es la culpa?, ¿de la persona que se ha formado, que ha hecho el esfuerzo, o de un sistema que no facilita poner en valor dicha formación?

El hecho de que aumente el número de graduados en situación de vulnerabilidad es un reflejo de esos cambios en el mercado de trabajo y en la estructura social que se han producido en las dos últimas décadas. Un escenario que ha precarizado los empleos, especialmente para los más jóvenes, y en el que el contar con un nivel de estudios superior no va a garantizar para muchas personas, porque para otros colectivos sí en función del origen socioeconómico, el contar con un mejor empleo. Es decir, la precarización también llega a estos ámbitos pero no solo porque incide en las situaciones señaladas anteriormente sino porque, también para trabajos cualificados, la precarización es una realidad. Y, si no, solo hay que acercarse a ver cómo viven numerosas personas en las grandes ciudades desarrollando trabajos cualificados pero con unas condiciones de vida que pasan por compartir piso hasta edades que antes sería imposible, o precisar del apoyo familiar, siempre que pueda darse. Es decir, no es cuestión de contar con estudios superiores, sino que es algo estructural. Además, aunque se deslegitimen y se cuestionen a los mismos, todos los indicadores establecen una correlación entre contar con ellos y tener menos posibilidades de entrar en situaciones de riesgo de exclusión social. Es una realidad aunque las cifras que hemos comentado muestren también una mayor complejidad en esta situación.

Hace unas semanas, integrantes de AICTS presentaron un estudio realizado a finales de 2020 sobre las condiciones de vida, valores, etc., de los estudiantes de la Universidad de La Rioja. Dicho estudio, financiado por el Gobierno de La Rioja, se basó en una encuesta presencial con 2.200 alumnos y alumnas de esta entidad pública, la mayor parte de Grado debido a que coincidió en uno de los momentos más significativos de la pandemia covid-19, por lo que estudiantes de Máster estaban online. Esta encuesta recogió numerosos indicadores sobre este colectivo. Un 88,2% tenía presente que iban a alcanzar la Universidad, lo que muestra que esta trayectoria ya estaba interiorizada, así como primaban valores más expresivos que instrumentales en la elección de sus estudios. El 69,8% de los encuestados indicó que creían que contar con esta formación les permitiría una mejor salida profesional y laboral. Sin embargo, aparecieron cuestiones relacionadas con el origen socioeconómico como un valor a tener en cuenta para acceder tanto a la universidad como al mercado laboral. Había un reconocimiento de que no todo el mundo podía llegar a los estudios superiores por dicho motivo, aunque era menos determinante en el mercado laboral. Se produce de esta forma esa situación que venimos describiendo. Hay un peso importante de los orígenes socioeconómicos y una estructura social desigual que marca en buena parte las trayectorias. Pero, de la misma forma, hay un reconocimiento del valor de los estudios superiores, clave para alcanzar mejores empleos.

Es un escenario, como decíamos, complejo, en el que entran numerosas variables, no solamente en sí mismo el valor de los estudios superiores sino el peso de la estructura social, de los orígenes socioeconómicos, así como las condiciones del mercado de trabajo. Que el ascensor social y la meritocracia no funcionan, es un hecho reconocido. Que minusvalorar o denigrar los estudios superiores, y el conjunto de la formación, también está presente desde diferentes ámbitos, también. Que estos mensajes son muy peligrosos, no cabe duda. Lo que está claro es que se precisa seguir trabajando en una inclusión, igualdad y equidad que permita una mejor inserción social y laboral, especialmente de aquellos colectivos en condiciones más complicadas. Y, como hemos visto, se amplían los mismos a capas sociales que antes no estaban en esa situación. 









El acceso a la vivienda, otra cuestión sin resolver

Por EQUIPO AICTS / 8 de noviembre de 2021

Hay problemáticas que no acaban nunca de solucionarse, al contrario, empeoran. Es el caso del acceso a la vivienda en un país como España. Se dan en relación a la misma una serie de cuestiones que se han convertido en seculares y estructurales. Hace unas semanas, varios artículos alertaban de las dificultades que implicaba el acceso a la vivienda, tanto en venta como en alquiler, en nuestro país. Por un lado, la oferta de alquiler a precios que no supusiesen un elevado porcentaje del salario, es decir, una vivienda en alquiler accesible a precios bajos, era muy reducida, hecho que impedía esta posibilidad a las rentas bajas. Además, también se alertaba de la enorme brecha que existía entre los propietarios de viviendas y los inquilinos de pisos, calibrado en que los primeros tienen una renta hasta treinta y tres veces superior a los segundos, por encima de la media europea. En definitiva, un escenario que nos dice mucho sobre la estructura social de nuestro país.

Hay que comenzar indicando que la cuestión de la vivienda en España siempre ha sido compleja. Por un lado, el hecho de que la vivienda en propiedad en España sea un hecho clave en el sentido del estatus y del acceso a una movilidad social ascendente. Hay estudios que señalan que España es un país de propietarios, lo cual se podría vincular con estructuras culturales y valores del pasado. No es menos cierto que, para las generaciones posteriores a la Guerra Civil, las de la última etapa del éxodo rural, contar con una vivienda en propiedad era una aspiración muy interiorizada. La expansión de las ciudades y de las clases medias se sustentó en parte contando con ello. Desde entonces, el alquiler era visto como algo no deseado, una opción que era o bien temporal o para las personas, familias y colectivos que no pudiesen comprarse un piso. El alquiler en España, como bien es conocido, es minoritario en relación al resto de Europa. De hecho, tener un piso en alquiler, se decía popularmente, era tirar el dinero porque, con lo que pagabas por el mismo te podías comprar uno.

Un siguiente paso en esta proceso se da cuando las generaciones del "baby boom" comienzan a acceder a la vivienda. En este sentido, sus padres y madres habían conseguido acumular diversos capitales, comenzando con una vivienda en propiedad y siguiendo con el económico en ese ascenso de las clases medias. Buena parte de estas generaciones fueron las primeras de sus familias en ir a la Universidad y contar con unas condiciones de vida más holgadas. Además, los pasos de rito hacia la madurez y la vida adulta se marcaban claramente: estudiar, encontrar un trabajo con unas buenas condiciones, contar con una pareja y casarse y salir al mercado de la vivienda. Es decir, la emancipación se retrasaba hasta que se pudiese contar con esas premisas. Por el camino, parte de estas generaciones se quedaba en casa de sus padres, hecho que daba lugar a que también pudiesen acumular capitales derivados de sus trabajos, lo que les permitiría acceder a la vivienda en propiedad. No era lo frecuente tener en consideración la posibilidad del alquiler. 

Pero, ya en esos periodos, comienza a hablarse del problema del acceso a la vivienda. Llega el "boom inmobiliario" y los precios se disparan hasta límites insospechados, aprovechando una especie de tormenta perfecta. Por un lado, el valor de la vivienda como un signo de estatus; por otro lado, una demanda creciente de personas que salían al mercado de la vivienda; y, en tercer lugar, las facilidades del acceso al crédito por parte de las entidades bancarias. Y no podemos olvidar las medidas políticas que hicieron de la liberalización del suelo un aspecto clave. Desde la segunda mitad de la década de los noventa del siglo XX hasta la crisis de 2008, entramos en una espiral ascendente en todos los sentidos (oferta, demanda, precios) que transformará nuestra estructura social. Para entoces, el acceso a la vivienda se convierte en algo muy lejano para no pocos colectivos, incluso algunos provenientes de las clases medias.

Este proceso no ha dado lugar a aprendizajes. Sí, ha habido promociones de viviendas públicas, recordemos esos sorteos multitudinarios ya que el hecho de que te tocase una VPO (viviendas de protección oficial) era casi como si te tocase una lotería. Pero, como hemos señalado, el escenario se ha hecho todavía más complejo y el acceso a la vivienda se ha complicado. En el caso de la propiedad, los cambios han venido por una menor oferta y una restricción del acceso al crédito tras la crisis de 2008. Ciertamente, se siguen construyendo y vendiendo viviendas, pero ese ritmo descendió bastante. Más compleja es la situación del alquiler si cabe. Los precios de los mismos han subido, hace dos décadas era un destino accesible para las personas que no podían comprar, y se han vuelto insostenibles, especialmente en las grandes ciudades pero no solamente en ellas. Lo vemos en ejemplos como el hecho de que haya numerosísimas personas que tienen que compartir piso cuando, por su edad y sus trabajos, tendrían que estar en otro estadio. El impacto de los pisos turísticos se ha dejado notar en este proceso, lo que entronca con un modelo económico que se ha institucionalizado. De esta forma, se produce una salida de la población que residía en los barrios tradicionales del centro de las ciudades. Los alquileres suben, los "fondos buitre" encuentran oportunidades de negocio, etc. Pero no solo es cuestión del medio urbano. Aunque se ha advertido en numerosos estudios y se ha señalado sin cesar, las posibilidades de comprar y alquilar una vivienda en el ámbito rural también son muy limitadas. Se tiene la visión de que es algo sencillo, de que una vivienda en un pueblo es fácil y accesible. Al contrario.

No se vislumbra que este escenario tan complejo vaya a solucionarse a corto y medio plazo. Las medidas no parece que dan resultado, cuando en no pocas ocasiones tienen que competir con otras más liberalizadoras y con visiones muy arraigadas en nuestra cultura. Es una cuestión estructural de la que no hemos aprendido mucho en las últimas tres décadas. Mientras tanto, nos sorprendemos de que los jóvenes tarden en emanciparse (misión imposible para muchos), de que se siga prefiriendo la compra al alquiler (hecho legitimado por los precios de unos y otros) y de que los centros de las ciudades se hayan transformado cambiando la configuración de sus vecinos (algo estructural en todos los países). No, no tendríamos que sorprendernos tanto. 









De impuestos y "Los papeles de Pandora"

Por EQUIPO AICTS / 1 de noviembre de 2021

No por esperada no deja de enfadar. La salida a la luz de los llamados "Los papeles de Pandora", a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que en España ha sido difundido por El País y La Sexta, ha mostrado de nuevo las fallas de un sistema que favorece una ingeniería fiscal a través de la cual las elites evaden sus responsabilidades. Si hace unos años nos encontramos con "Los papeles de Panamá", y todo el escándalo consiguiente, los actuales van mucho más allá porque implican a más despachos involucrados en esas prácticas. Los nombres son numerosísimos y abarcan desde deportistas y artistas a empresarios, pasando por políticos que son, o han sido, presidentes, ministros, etc., de diferentes gobiernos. Volveremos sobre esta última cuestión.

No hace falta insistir mucho en el valor de los impuestos para unos sistemas como los nuestros, en el sentido de que son una de las bases de una corresponsabilidad y una cohesión social que genere equidad e igualdad de oportunidades. Es así, y así tenemos que seguir defendiéndolo a pesar de que las corrientes actuales van en otras direcciones. Sin embargo, la posibilidad de evadirse de las responsabilidades, de crear empresas offshore en paraísos fiscales con las que se pagan menos impuestos, y además no en su país, es una práctica más habitual de lo que sería deseable. Estamos en un escenario de enorme complejidad al que acceden una serie de elites y grupos con una posición en la estructura social. Son esas personas y grupos los que cuentan con el conocimiento y las herramientas, y la colaboración de abogados a economistas, entre otros, que posibilitan esa ingeniería financiera. Además, todo esto ocurre en un contexto en el que las grandes empresas, multinacionales, se han desligado de sus países de origen. Son elites capitalistas desarraigadas de sus territorios que no sienten responsabilidad por los mismos, en la mayor parte de los casos.

Si todo esto es grave, todavía lo es mucho más el que haya políticos, en activo incluso, con estas cuentas, incluyendo jefes de Estado. Esto supone un golpe durísimo para la legimitidad de ciertos mensajes y del propio sistema. Generalmente, la responsabilidad se lanza hacia familiares o empresas en las que se estuvo en el pasado, pero son de nuevo mensajes que generan una sensación muy difícil en una ciudadanía duramente golpeada por crisis, precariedad del mercado de trabajo y un sistema impositivo que se centra en las clases medias y medias - bajas, sin olvidar los impuestos indirectos que afectan a todos por igual. De esta forma, discursos institucionalizados socialmente, de manera informal, que inciden en las trampas que se pueden hacer para no pagar impuestos, y los casos son recurrentes, quedan claramente legitimados y justificados. Se impone seguir incidiendo una pedagogía social en la dirección contraria pero, claro, si tu jefe de Estado, presidente o ministro se monta una offshore, complicado. De esta forma, cuando los youtubers se van a Andorra por el sistema fiscal, hay que reforzar los esfuerzos en unos jóvenes que están en un sistema educativo gratuito y universal de los 3 a los 16 años, que cuentan con una sanidad pública, etc. Ciertamente, no son todos, como se pudo comprobar en esa polémica de hace unos meses, pero es paradójico que sean precisamente gente que se ha beneficiado de un modelo o de un sistema los que luego les dan la espalda. Signo de unos tiempos.

En el lado contrario de la balanza, una noticia que no ha tenido un recorrido tan amplio. 136 países y jurisdicciones acordaron un impuesto de sociedades global mínimo del 15% que se repartirá entre los países donde las empresas tengan beneficios. Este acuerdo, amparado por la OCDE, puede suponer un punto de inflexión importante para esas prácticas que implican a grandes compañías, muchas de ellas tecnológicas, con presencia en todo el mundo, que generan beneficios y que tributan lo mínimo en esos países, derivando sus obligaciones fiscales a otros países más flexibles. Sin duda alguna, un acuerdo necesario para luchar contra ese escenario injusto así como contra el "dumping fiscal" de no pocos lugares. No es suficiente pero es un paso. 





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