Las brechas de la desigualdad

Por EQUIPO AICTS / 28 de noviembre de 2022

María José Romero Ródenas, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla - La Mancha, participó en el Curso de Otoño de la Universidad de La Rioja La información y formación en Derechos Humanos en el mes de noviembre. Romero Ródenas incidió en el valor del Artículo 1 del Título Preliminar de la Constitución Española de 1978 que indica que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". Romero Ródenas hacía hincapié en esa naturaleza social del Estado español, en el sentido de su relación con los Derechos Sociales y la vinculación de los mismos con el concepto de ciudadanía. En este sentido, hay que destacar el papel de los modelos de sociedad basados en el Estado de Bienestar. Sin embargo, y como señalaba Romero Ródenas, se olvida casi siempre ese adjetivo "social" vinculado al modelo de Estado y de sociedad.

En el Blog de AICTS hacemos referencia continuamente a las desigualdades en sus diferentes vertientes y ámbitos. La desigualdad es muy estructural en nuestras sociedades, existiendo condiciones que las crean y reproducen. Sin duda alguna, una de ellas es el modelo económico y productivo que se ha intensificado en las dos últimas décadas a través de la Globalización y de la evolución del capitalismo de corte neoliberal. Estas desigualdades se han reducido a nivel global, aunque las brechas siguen siendo inabarcables, y se han incrementado en las sociedades occidentales. Precisamente, en estas se institucionalizaron modelos de sociedad basados en el Estado de Bienestar y en la corresponsabilidad para generar una cohesión social. Cubrir las necesidades básicas y garantizar el acceso a derechos básicos como la Educación o la Sanidad son logros que se consiguieron con elevados esfuerzos. Sin embargo, la crisis de 1973, el cuestionamiento del Estado de Bienestar, la llegada de modelos neoliberales a todos los ámbitos, etc., han puesto en crisis permanente al mismo, destacando los esfuerzos por mantenerlo o reparar ciertas costuras. Pero, y como se ha demostrado en la última década, el impacto de las crisis está siendo elevado. De esta forma, crecen las desigualdades, se cronifican las brechas y las perspectivas de futuro no son positivas aunque nos gustaría tener un horizonte más optimista, y para eso también trabajamos.

Las desigualdades que se cronifican afectan, principalmente, a los colectivos situados en un escenario de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión social. En el caso de España, estos grupos se encontraban identificados y casi se podría señalar que había una continuidad en los mismos, principalmente grupos de población de origen trabajadora que se localizaban en barrios populares de las grandes ciudades. La inmigración a partir del comienzo del siglo XXI incorporó un contingente de personas y familias en esta situación, debido a las condiciones socioeconómicas principalmente. Como hemos señalado en otras ocasiones, la crisis sistémica de 2008 provocó que la precarización del mundo del trabajo, y en consecuencia de las condiciones de vida, impactase de forma desconocida hasta la fecha en las clases medias, mostrando ciertas contradicciones ya detectadas en la sociedad. De esta forma, otros colectivos se hicieron más visibles, lo cual no quiere decir que no existiesen antes, como fueron los hogares monoparentales, generalmente encabezados por mujeres, y los parados de larga duración. En este último caso, numerosas personas mayores de 45 años que se vieron expulsados del mercado laboral y que no han podido encontrar un nuevo empleo, con todas las consecuencias habidas y por haber en todos los sentidos, desde las condiciones de vida hasta la salud mental.

Por otra parte, Cáritas ha publicado el informe El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo. Este trabajo es una buena muestra de cuál está siendo el impacto del incremento de precios en general, del coste de la energía y del aumento de los tipos de interés y sus consecuencias en las familias, condicionado por su punto de partida. De esta forma, seis millones de hogares no contarían con los ingresos suficientes para abordar los gastos en vivienda, energía, educación y alimentos. Es decir, uno de cada tres hogares del conjunto del país. El País recogía testimonios sobre la cuestión, destacando cuestiones como la vivienda, hecho que también se ha encarecido tanto en el acceso en propiedad, cada vez más difícil para no pocos colectivos y familias, como en alquiler, también incrementado hasta límites insospechados. Y, ante escenario, y con la combinación de crisis de 2008, de la que no se había salido del todo ni se iba a hacerlo por su carácter estructural, impacto de la pandemia del Covid-19, y todo el contexto geopolítico surgido a partir de 2021, se observa un cambio de modelo de sociedad que incidirá en la desigualdad, aumentándola.

Retomamos en este cierre del artículo las palabras de María José Romero Ródenas sobre el carácter social del Estado español, recogido en nuestra Constitución. Es necesario incidir en este punto, como bien señalaba Romero Ródenas, ya que sobre esa base descansan los principios que nos llevan a sociedades más equitativas y cohesionadas. Es cierto, hay que insistir de nuevo, en que el contexto actual no se parece en muchos sentidos al que alumbró el Estado de Bienestar y su modelo de sociedad, pero no es menos cierto que los retos a los que nos enfrentamos son similares y debe incidirse en esa naturaleza social y en el papel de las políticas públicas para abordarla. 




 



 
















El difícil reto del sistema educativo y las desigualdades

Por EQUIPO AICTS / 21 de noviembre de 2022

Regresamos en el Blog de AICTS de nuevo a una de las temáticas en las que más nos centramos como es el ámbito de las desigualdades, y lo hacemos en el caso de la Educación, uno de los ámbitos más relevantes y sensibles tanto a las mismas como a su función en su reducción a través de políticas equitativas. El escenario sigue siendo complejo, especialmente con el impacto de las sucesivas crisis y cambios que se vienen produciendo en la sociedad. Y es que, el sistema educativo tiene la difícil función de abordar las mismas, y reducirlas, pero a la vez también se reproducen las desigualdades sociales ya que en el mismo se dan esas desigualdades, en ocasiones de forma directa y en otras, las más, de manera indirecta y sutil. No cabe duda de que el avance en la Educación es uno de los grandes logros que se ha producido en el mundo, aunque todavía las desigualdades siguen siendo evidentes y existen millones de niños y niñas, especialmente niñas, que no tienen garantizado el acceso a la misma o lo hacen en condiciones precarias. En nuestro caso, las sociedades occidentales, muchas de ellas evolucionadas bajo el paraguas del Estado de Bienestar y de las políticas públicas, damos por supuesto esa accesibilidad, universalidad y gratuidad en la mayor parte de los casos, ya que la Educación es un Derecho Social, uno de los más importantes porque numerosos factores ya señalados en otros artículos de este Blog.

Sin embargo, las desigualdades en Educación, manifiestas y latentes, atraviesan todo el sistema educativo y se deben a variables de diverso índole. El origen socioeconómico del alumnado y sus familias es, sin duda alguna, el más relevante, pero también aparecen la dimensión étnica, el valor de las familias otorgado a la Educación, el peso de las políticas públicas y la inversión en el sistema educativo, la localización de los centros educativos, etc. Estas variables, entre otras, impactan de manera directa e indirecta en la posibilidad de aprovechar los recursos y posibilidades que otorga el sistema educativo y es un hecho constatado que son las familias de clases medias y con mejor formación las que cuentan con más ventajas para ello. Las corrientes más críticas con la relación entre sistema educativo y desigualdades inciden en que la escuela legitima y reproduce estas desigualdades sociales, en contraposición a otras más estructurales como las funcionalista que ponían el foco en el capital humano y la igualdad de oportunidades. De esta forma, la crítica a la meritocracia, una ilusión para las primeras teorías, es precisa pero también olvida las posibilidades de la Educación y deja de lado no pocas casuísticas.

Nuevas noticias sobre este escenario se han producido en los últimos días, recogidas por el diario El País. Que la pandemia iba a tener un impacto negativo en las desigualdades en Educación y que iban a ser los grupos más vulnerables y en situación de exclusión social los más perjudicados no es una novedad. No había otra posibilidad cuando, debido a confinamientos y restricciones en los cursos 2019/20 y 2020/21 no había otra posibilidad. El acceso y el uso de las TIC y la pérdida de oportunidades que la escuela y el sistema educativo proporciona fueron algunas cuestiones que están en el primer orden de este escenario. De esta forma, y en un extenso artículo, se constata cómo ha afectado este proceso en algunos países y cómo se está dando en el aprendizaje, a través de retrasos y déficits que se acumulan. 

Otros dos artículos de elevado interés ponen el foco en los recursos y ayudas que proporciona el sistema educativo a las rentas más bajas y a los alumnos y familias en situación de desventaja social y educativa. Interesante es el artículo que recoge el hecho de que el 13,5% de las familias con rentas bajas no pide beca comedor porque desconoce los mecanismos para hacerlo, según un estudio de la ONG Educo. Este hecho es muy relevante por el papel que desempeñan estos servicios complementarios no solamente en el ámbito educativo sino también en el de la salud, social, inclusión, etc. El acceso a determinados recursos y medios no está mediado únicamente por las posibilidades sino también por la capacidad para saber llegar a ellos. Y, en este caso, se constata cómo hay numerosas barreras pero se da un desconocimiento de cuáles son los procedimientos para esa parte de esas familias. Por otro laldo, en Navarra se da el caso de que existe el mayor porcentaje de alumnos con necesidades educativas de todas las regiones españolas, un 30%. La explicación viene motivada por el impacto en esa cifra de los estudiantes con ayudas debido a las condiciones socioeconómica. Es una política en la que se tiene en cuenta este factor especialmente, lo que implica ese reconocimiento al papel de la escuela en esa función de equidad. 

Por lo tanto, las desigualdades en Educación seguirán siendo un elemento clave en su relación con las desigualdades en general y con la estructura social. En un contexto de cambio y crisis, en un escenario en el que las diferencias socioeconómicas tienen un impacto más importante en Educación, especialmente tras la crisis de 2008 y los cambios de paradigmas que se han producido, corresponde a los sistemas educativos ser más conscientes de esta situación y tratar de evitar procesos que generen más desigualdades. 





 



 
















La cronificación de las diferencias territoriales

Por EQUIPO AICTS / 14 de noviembre de 2022

A la hora de analizar las desigualdades, son numerosas las variables que se tienen en consideración. Desde la clase social al sexo, pasando por el nivel de renta, el origen social, la edad... un largo etcétera. Además, suelen cruzarse unas y otras, estando interrelacionadas en no pocas ocasiones. Una de las más relevantes es, sin duda alguna, la que hace referencia a las diferencias territoriales, que opera en diferentes niveles y que, en el interior de las zonas, regiones, países, etc., se cuenta también con dichas desigualdades. Nuestros tiempos posiblemente nos hayan hecho ser más conscientes de las diferencias territoriales y de las desigualdades existentes entre ellos por dos motivos claros: el primero, porque venimos de un periodo anterior en el que se desarrollaron numerosas zonas; y el segundo, el más importante, porque en nuestros tiempos la variable territorial desempeña un papel central. En AICTS hemos hecho hincapié en estas cuestiones, incluso a través de obras como La España en la que nunca pasa nada, que en 2021 publicó Sergio Andrés Cabello en FOCA de AKAL.

Hace unos días, El País lanzó la noticia del aumento de la brecha entre las regiones del norte y del sur de España. No es una novedad ya que estas diferencias suelen darse en todos los países y la división norte-sur es secular. Sin embargo, la cuestión es cómo se ha ido incrementando esa brecha. En el caso de España, como en otros países, el norte se había desarrollado a lo largo de la Historia a través de la concentración de determinados capitales económicos, sociales, políticos y culturales, hecho que daba lugar a un "efecto Mateo" ya que se reproducía el escenario. La industrialización de País Vasco y zonas de Cataluña provocó que esa distancia aumentase y, además, la inmigración de numerosas personas de las regiones del sur de España al norte y a otras grandes ciudades, en el caso español a Madrid, fundamentalmente. Sin embargo, la evolución de España, en el marco de la democracia, del Estado Autonómico y de la construcción de un Estado de Bienestar, provocó que esas regiones contansen con niveles de desarrollo que si bien no las iban a igualar con las del norte, sí que iban a permitir un desarrollo que antes no habían tenido. Lamentablemente, las brechas de la desigualdad son muy estructurales. Este es el primer factor que hemos comentado, el que hace hincapié en la mitigación, que no desaparición ni mucho menos, de esas diferencias.

En España, la variable territorial a nivel de las desigualdades estaba presente en el sentido regional, incluso con diferentes mecanismos de cohesión y corresponsabilidad entre los territorios, argumentos que fueron esgrimidos en contra de los mismos por partidos políticos y movimientos separatistas, o que cuestionaban su existencia. Además, y no menos importante, en España la variable territorial se centró en el eje rural - urbano. Sería ya bien entrado el siglo XXI cuando la despoblación entró en la agenda política, mediática y social aunque con ciertos matices. Y es que la misma se centró en aspectos más culturales y de valores que en cuestiones de Derechos y ciudadanía. Y, cuando estos se han presentado, en el sentido de déficit de acceso a los servicios públicos, han sido eclipsados por los primeros. Era un hecho indiscutible que la despoblación del medio rural había dejado un escenario muy negativo para no pocas zonas del interior peninsular, especialmente las situadas en ubicaciones de montaña y con difícil accesibilidad. 

Sin embargo, los tiempos en los que nos encontramos presentan una nueva visión de la variable territorial que hace hincapié en una nueva dimensión. Y es que la Globalización ha intensificado el papel de las grandes ciudades, las metrópolis globales de las que están siendo sus protagonistas. En este sentido, ya no es el medio rural sino regiones enteras, con sus ciudades, las que están situándose en una posición de desigualdad. Es lo que está ocurriendo con lo que podríamos denominar "regiones intermedias" o "regiones periféricas", las cuales han ido quedando en un segundo plano, incluso en un tercero, dentro de las dinámicas productivas pero también de las culturales y simbólicas. De esta forma, y volviendo a España, serán zonas de nuevo del interior peninsular como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, parte de Andalucía pero también regiones que en otras ocasiones fueron consideradas, o lo siguen siendo, como más ricas (Asturias, Cantabria, La Rioja, zonas de Aragón), así como Galicia, las que están dentro de estas dinámicas, aunque con diferencias también entre ellas. Es decir, nos encontramos ante un nuevo peso de la variable territorial en las desigualdades.

Son tiempos nuevos y complejos, tiempos en los que las dinámicas van más rápido que en el pasado y en los que la incertidumbre se convierte en un aspecto central. Sin embargo, no está de más recordar el papel de las Administraciones Públicas en las políticas de igualdad y de equidad, las cuales deben contar con el reconocimiento del papel del territorio. Hoy, son numerosas regiones las que están en una posición de desigualdad y las diferencias regionales se incrementan, como hemos visto anteriormente. Si no se tiene en cuenta esta situación, serán la cohesión social y la cohesión territorial las que sufran las consecuencias. Y ya lo estamos viendo. 





 



 
















El cambio climático y su impacto en la salud y las desigualdades

Por EQUIPO AICTS / 7 de noviembre de 2022

El cambio climático es una realidad incuestionable que se ha acelerado en la última década. No cabe duda de que el escenario al que nos enfrentamos, conjuntamente, se está haciendo cada vez más complejo. Estamos a comienzos de noviembre y el mes de octubre ha registrado unas temperaturas inusuales. Y qué decir de lo ocurrido con un verano tan tórrido como el de 2022. Igualmente, el régimen de lluvias en lo que llevamos de año está siendo mucho más bajo, con una reducción de las mismas y con una situación de sequía. De esta forma, y como hemos comentado en otros posts de este blog, se producen consecuencias en todos los ámbitos de nuestras vidas. 

Hace unos días, dos estudios han sido publicados y demostrado algunos indicadores y consecuencias del cambio climático. La prestigiosa revista The Lancet ha lanzado un proyecto, The Lancet Contdown, que analiza el impacto del cambio climático en la salud. Olas de calor, sequías, inundaciones, etc., están teniendo un impacto sobre las condiciones de vida y la salud, especialmente en las partes del mundo más vulnerables, provocando aumentos de la mortalidad, de las enfermedades, etc. Para los autores del informe, hay una relación directa y obvia entre el uso de los combustibles fósiles, el cambio climático y las consecuencias sobre la salud, incidiendo en la rapidez en la que evoluciona este fenómeno. Un escenario de gran complejidad, como decíamos, que no va a ir a mejor. Una salud global que se ve deteriorada y que obligará a asumir nuevos desafíos.

Unicef, por su parte, ha puesto el acento en la infancia y en las consecuencias del cambio climático sobre este colectivo. El informe El año más frío del resto de tu vida: proteger a la infancia frente al impacto creciente de las olas de calor es el impactante título de este trabajo que se centra en los impactos de las olas de calor, cada vez más frecuentes, extensas y más duras. Y estos, como también hemos señalado en el párrafo anterior, tiene unas consecuencias más duras en las zonas más desfavorecidas del planeta y en los colectivos más vulnerables, siendo uno de ellos la infancia. Es un escenario que impacta en estos grupos con más fuerza y que tienen menos medios y herramientas para combatir las olas de calor y otros fenómenos climatológicos ya señalados. 

En definitiva, son informes que nos muestran situaciones que ya conocemos pero sobre las que es necesario seguir concienciando y profundizando para tomar medidas. Los impactos en la salud y las desigualdades son evidentes ya que, por ejemplo, ante el crecimiento de las olas de calor o de los temporales de frío extremo, no todo el mundo está en la misma posición para afrontarlos. Lo hemos visto este año 2022 y el escenario no va a ir a mejor. Las medidas que deben tomarse para afrontar el cambio climático son estructurales, algunas de ellas son muy urgentes. Otras no pueden ser afrontadas a corto plazo sino que precisan de un periodo más amplio, a medio y largo plazo. Pero, lo que tampoco debe quedarse de lado es la necesidad de contar con medidas que mitiguen el impacto del cambio climático en estas zonas y colectivos más vulnerables, incrementándose las situaciones de crisis y precarización en las que ya estaban inmersos. Además, no serán pocos los grupos sociales que pueden entrar en situaciones vulnerabilidad y exclusión social. De nuevo, como en otras ocasiones, nos encontramos en una suerte de "tormenta perfecta", pero en este caso con menos margen de maniobra. 


 



 
















Las dificultades de las familias

Por EQUIPO AICTS / 31 de octubre de 2022

Si hace una semana analizábamos en el blog de AICTS los resultados del último informe de EAPN, que constataban el aumento de personas y familias en riesgo de exclusión social y pobreza, tenemos que volver a hacer referencia a estas cuestiones ya que nuevos datos e indicadores muestran las dificultades de las familias. El País publicaba el domingo 23 de octubre un extenso artículo de Andrea Rizzi en el que se recogían cifras sobre la pérdida del poder adquisitivo de las familias en Europa. El título no podía ser más explícito, "La erosión del poder adquisitivo de los salarios sacude Europa", aludiendo también a las consecuencias en el sentido del incremento del malestar social, coincidiendo con las protestas en Francia. Rizzi tomaba datos de la consultora Macrobond que reflejaban para junio de 2022 un descenso del poder adquisitivo de los salarios sujetos a convenio en la zona monetaria común europea del 6,2%, con diferencias entre los países pero con una tendencia común. Otros indicadores que recogía Rizzi incidían en este escenario tan complejo.

Ese mismo día, Jorge Zuloaga en El Confidencial titulaba "Las familias empiezan a tirar de crédito para llegar a fin de mes y capear la inflación". Dos artículos complementarios que nos mostraban cómo el encarecimiento de la vida estaba teniendo un impacto directo y evidente en la precarización de la misma. Con datos de entidades como el Banco de España o el BBVA, se mostraba que se había incrementado el uso de la tarjeta de crédito frente a la de débito y que se fraccionaban cada vez más los pagos, mientras que descendían los créditos destinados a grandes gastos. Una muestra más de cómo se va reconfigurando nuestro cuadro de gastos con unos ingresos que cada vez tienen menos capacidad para abordarlos. 

En definitiva, asistimos de nuevo a esa especie de tormenta perfecta pero que no deja de ser el recoger las consecuencias de los procesos de transformación de nuestro sistema en la última década y media. Solemos insistir en estos artículos en el impacto de la crisis de 2008, crisis sistémica de primer orden, así como en las derivadas de la pandemia Covid-19 y en lo que está ocurriendo en la actualidad. Se han ido produciendo una serie de transformaciones clave que nos llevan a un cambio radical en el sistema, que en no pocas ocasiones se ha producido de forma sutil pero cuyas consecuencias son directas. Es como señala el periodista Esteban Hernández, Jefe de Opinión de El Confidencial, y uno de los analistas que desde hace una década mejor ha sabido ver las señales de este proceso. Hernández publica nuevo libro, El rencor de la clase media alta y el fin de una era (Akal), que se inserta en su trayectoria como autor. En la entrevista que se publicó el mismo domingo 23 de octubre en El Confidencia, el autor señalaba en el titular de la misma que "Te puede gustar más o menos el sistema al que vamos, pero ya hemos cambiado de era". De la misma forma, se produce ese aumento de la desigualdad en el que venimos insistiendo y que cuenta con datos e indicadores de sobra. Este mismo mes, en la revista online Ethic, Fran Sánchez Becerril publicaba el artículo "El peligro de la desigualdad (en España)", en el que se ofrecía información sobre la cuestión. 

No sabemos qué deparará el futuro, ni tampoco si seremos capaces de cambiar ese sistema y era al que nos hemos abocado, y que las fuerzas que lo sustentan son muy fuertes, pero no cabe duda de que algo habrá que hacer. Un sistema que genera desigualdad y que va derivando hacia unas bolsas de exclusión social, sin expectativas, con la movilidad social rota, es un sistema que genera enormes riesgos y descontentos, como se observa en la última década con el aumento del voto de diversas opciones ideológicas que se basan en el populismo, especialmente de extrema derecha. Parece que no hemos aprendido cómo se pudo generar un sistema diferente tras la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, como hemos señalado en otras ocasiones, las circunstancias eran muy diferentes, pero cabría recabar lecciones de ese periodo. Y también del actual, porque está claro que la dirección no es buena. Familias y ciudadanos ven cómo se precariza su vida, con sus vencedores y perdedores, con colectivos que por su posición social y sus orígenes socioeconómicos están en situaciones más favorables o desfavorables para afrontar esta situación. Pero, sin duda alguna, lo que subyace es un aumento de la desigualdad social y de los colectivos y personas en situaciones más complicadas y vulnerables. 


 



 
















Los resultados del informe sobre el estado de la pobreza de EAPN

Por EQUIPO AICTS / 24 de octubre de 2022

Hace unos días, la delegación española de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) publicó su informe 
El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 – 2021, en lo que es su décimosegunda edición. El mismo, todo un referente para analizar el escenario de la pobreza y la exclusión social a partir de los datos del indicador AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusion), que toma en consideración diferentes variables para medir la pobreza y la exclusión social, no únicamente el nivel de ingresos, ha mostrado a las claras el incremento de la desigualdad y de la pobreza y exclusión social desde el comienzo de la pandemia del Covid-19, a pesar de las herramientas y del escudo social que se generó para mitigar los impactos de confinamientos, cierres y descenso de actividad productiva. Unos resultados que, con independencia de su previsibilidad, no dejan de mostrarnos cómo las bases de la estructura social cuentan con unos factores en los que las crisis inciden con mayor fuerza pero, a su vez, se refleja cómo surgen nuevos perfiles de pobreza y exclusión social.

De esta forma, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se situó en 2021 en España en un 27,8% de la población, casi un punto más que el 27% que en 2020. Más de trece millones de personas en España se encuentran en una situación, con una tendencia ascendente en un escenario cada vez más complejo. España ocupa la cuarta posición de los países de la Unión Europea en este indicador. Los valores de los factores y variables consideradas no dejan lugar a dudas: el 54,3% de los hogares monoparentales se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, siendo el dato más elevado desde el 2014, cuando se aplicó la presente metodología; un 14,3% de los hogares no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada; mientras tanto, un 44,9% tiene alguna clase de dificultad para llegar a final de mes, aunque han descendido los ciudadanos que cuentan con mucha dificultad para llegar a final de mes.

Uno de los resultados más destacados del nuevo informe de EAPN es el relativo a los nuevos perfiles de la pobreza. Si la crisis de 2008 fue transformando los mismos, el impacto de la pandemia y de la crisis sucesiva ha incidido en ese proceso. Como se ha visto en esta década y media, no es únicamente el desempleo y la falta o baja cualificación las que marcan la pobreza y la exclusión social sino que se ha dado un incremento de la misma entre personas con empleo y con estudios medios y superiores. Un fenómeno que antes no se daba en España pero que, desde los impactos de la crisis de 2008, se ha hecho más evidente. Y también se incide entre las diferencias regionales, marcándose claramente la línea entre las regiones del norte y las del sur. En este sentido, mientras que Navarra y País Vasco cuentan con tasas más bajas, con un 14,7% y un 16% respectivamente, Andalucía y Extremadura se situaron en el 38,7%.

Como venimos reflexionando en este blog, a través de diferentes estudios y de los trabajos que desarrollan los integrantes de AICTS, hay factores estructurales que marcan el hecho de que en nuestro país haya un porcentaje tan elevado en esta situación. El desarrollo del Estado de Bienestar y la transformación de la sociedad española en las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX no fueron completas. Lamentablemente, colectivos y grupos que venían de escenarios de vulnerabilidad, no entraron en ese proceso de movilidad y ascenso social. Clases trabajadoras, barrios marginales de las grandes ciudades, inmigración procedente del éxodo rural y las diferencias territoriales, con la brecha secular entre el norte y el sur fruto de factores interrelacionados de orden político, económico y social, han sido claves para este escenario. El siglo XXI contó con la llegada de población de origen extranjero, con una parte de la misma entrando en situaciones de exclusión social y pobreza. Como decíamos, bases estructurales que se han ido reproduciendo.

Lamentablemente, la crisis de 2008, la pandemia Covid-19 y el escenario actual favorecen no solo dicha reproducción sino unas nuevas formas de pobreza y exclusión social. Hace tiempo que ni el empleo ni el nivel de estudios garantiza que no se pueda entrar en situaciones de pobreza y exclusión social. Recordemos que fue, en buena medida, el apoyo de las familias el que contribuyó a reducir los impactos de la crisis de 2008. Junto a este escenario, nuevas desigualdades territoriales, un empleo precarizado y un aumento del coste de la vida, como se puede ver con la inflación o el ascenso de los tipos de interés. En definitiva, escenarios complejos que implica que las soluciones que se construyan, que no pueden ser ni fáciles ni cortoplacistas, sean de carácter estructural. Un camino por recorrer pero que nos tenemos que poner a hacer. 



 



 
















Medidas para afrontar una nueva crisis

Por EQUIPO AICTS / 17 de octubre de 2022

Nuestra última década y media está siendo un tobogán de cambios acelerados y sucesos que condicionan y determinan el porvenir de sistemas, sociedades y ciudadanos. Como si la aceleración propia de nuestros tiempo se hubiese intensificado. Bauman y compañía tendrían importantes materiales para escribir y teorizar, aunque con las bases que nos dejaron tenemos numerosas herramientas. Globalización, neoliberalismo, revolución tecnológica, digitalización, cambio climático, etc., son algunos de los procesos que en esta década y media se han convertido en más presentes si cabe. No es que el pasado fuese un lugar al que volver, no es una cuestión nostálgica. Si el optimismo de la década de los noventa del siglo XX y de dos tercios de la primera del XXI nos hizo creer en ese modelo de avance permanente y creer en un progreso ilimitado, es también porque no supimos o no quisimos ver las señales de lo que estaba por venir. 

La crisis sistémica de 2008 supuso el primer golpe en la mesa de un sistema que parecía robusto pero que hacía aguas por muchos frentes. Una crisis financiera que derivó en algo más, mucho más. Una transformación de nuestras sociedades que supuso una especie de huida acelerando todavía mucho más los mecanismos que habían dado lugar a esa crisis. Fue un momento durísimo porque las medidas que se tomaron para atajarla abrazaban la ortodoxia económica y dejaban de lado el intervencionismo que había sido clave con la creación del Estado de Bienestar y el keynesianismo. El neoliberalismo también afectaba a los valores que iban marcando una época, con el individualismo y el consumismo como ejes vectores.

Si la crisis sistémica de 2008 contó con unas recetas que ahondaron más sus consecuencias, aunque el intervencionismo se produjo en favor del sistema bancario con el rescate al mismo, la pandemia del COVID-19 derivó en otras medidas. Era obvio que no podía volver a caerse en el mismo error, al contrario. En ese momento el camino debía ser otro. Aunque seguramente se podría haber llegado más lejos en unos cambios de carácter más estructural, no es menos cierto que las medidas que se tomaron contribuyeron a reducir el impacto de la crisis derivada por el COVID-19. Sin embargo, no hay que olvidar que las bases de las desigualdades ya estaban marcadas y que, en líneas generales, fueron sectores con trabajo muy estacional o temporal los más afectados por esta situación. En un país como España, el turismo por ejemplo fue uno de ellos.

Las medidas para afrontar el impacto de la pandemia fueron en la dirección de ese intervencionismo estatal demandado por los defensores de un modelo de sociedad más corresponsable. Aunque el camino del Estado de Bienestar no se puede comparar por ser dos momentos diferentes, no es menos cierto que en ese momento se precisaban actuaciones que recordaban al espíritu de su nacimiento y desarrollo. En el marco de los principios de sostenibilidad y digitalización se estructuraban algunas de las medidas, aunque cabía recordar que también las mismas contaban con sus riesgos y debilidades. Y, en ese sentido, se han puesto sobre la mesa las mismas. 

Con este escenario llegó 2022 y la invasión de Ucrania y todo lo que está conllevado. A su vez, también crisis energética, de suministro, cambio climático acelerado, etc. Y, de nuevo, las respuestas a esta crisis deben darse en una dirección o en otra. En una ortodoxia económica y en la austeridad o en unas medidas que aborden el escenario con valentía y que incidan en que la desigualdad no se dispare. Al contrario. Y en esas estamos, en un momento altamente complejo con un tablero geopolítico definido, para algunos una nueva guerra fría. Y con la globalización en el disparadero, con partidos y tendencias iliberales creciendo, con la precarización de las clases medias, etc. En definitiva, más cohesión social, sociedades que apuesten por principios que se ha demostrado que funcionan. Lo hemos señalado en otras ocasiones, son momentos diferentes, pero habrá que apostar por medidas que incidan en una salida que no pase por un neoliberalismo mucho más desbocado si cabe.

 



 
















Inflación y euríbor

Por EQUIPO AICTS / 10 de octubre de 2022

A lo largo del último año, aproximadamente, la desigualdad ha ido creciendo en nuestras sociedades a través del incremento de precios en todos los ámbitos. Al mismo se sumó el aumento del euríbor, el tipo de interés promedio que determina la variación de préstamos e hipotecas sometidos a revisión. El impacto de estos dos procesos sobre las rentas disponibles y la calidad de vida de ciudadanos y familias está siendo altamente significativa. De hecho, nos encontramos en un escenario en el que las desigualdades volverán a incrementarse y en el que muchos hogares se están viendo obligados a hacer recortes significativos en sus compras y necesidades. Como decíamos, es una cuestión de la que ya venimos escribiendo en los últimos meses, pero hay que seguir incidiendo en la misma.

La inflación se ha disparado hasta niveles desconocidos para algunas generaciones. De hecho, para muchas personas la inflación se recuerda como una noticia presente y recurrente en las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX. A partir de la década de los noventa, la inflación tuvo una menor presencia en nuestra vida cotidiana, en el sentido de que estaba más controlada y se acompasaba con el aumento de las rentas disponibles. El aumento de los precios tuvo un momento importante con la implantación del euro, en 2001, cuando los mismos crecieron para adaptarse a la nueva moneda común. Sin embargo, la inflación no aparecía entre las preocupaciones de la sociedad.

El caso del euríbor muestra también una evolución marcada por el contexto. Recordemos toda la cuestión de la "burbuja inmobiliaria" ocurrida en España a finales de la década del siglo XX y parte de la primera del siglo XXI. Un momento en el que se produjo un acceso al mercado de la vivienda en propiedad de generaciones que vieron retrasada su emancipación, un momento en el que la construcción de viviendas se incrementó hasta límites insospechados, por encima de las necesidades del país. Y, tampoco puede olvidarse, un escenario en el que el acceso al crédito bancario se facilitó en buena medida para adquirir esas viviendas. Son momentos de un alto precio de la vivienda y de los intereses bancarios. Hipotecas suscritas a treinta años, o más, eran habituales. El esfuerzo de las familias para pagar sus hipotecas era elevado. 

La crisis de 2008 vino a sacar a colación numerosas debilidades de este sistema. Ciertamente, no hubo un impacto sobre la inflación pero sí sobre el ámbito de las hipotecas y del precio del dinero. Como recordamos, la cuestión de los desahucios se convirtió en una realidad cotidiana en España, debido a que muchas personas y familias no podían afrontar el pago de sus préstamos, hipotecas o alquileres. La crisis se llevó por delante esa "burbuja inmobiliaria", junto con numerosos puestos de trabajo. A su vez, la precarización de la vida aumentó, se flexibilizó el mercado de trabajo y las condiciones laborales en no pocos casos se vieron afectadas. En relación a las hipotecas y el euríbor, la situación fue otra ya que descendió en esos años posteriores a 2008, dando lugar a una situación en la que las familias no tuvieron que estar pendientes del "susto" que les podía dar esa variación al alza.

Pero si con la crisis sistémica de 2008 nos cansamos de hablar del concepto de "tormenta perfecta", en relación a todos los cambios que se fueron dando, en 2022 estamos de nuevo en un escenario similar. Ocurre que, en relacióna a 2008, estos cambios van a mayor velocidad. Junto con el punto de inflexión de la pandemia Covid-19, con sus consecuencias ya descritas, y las medidas tomadas para afrontarla, los cambios políticos, económicos y geoestratégicos están viniendo para quedarse. Y en este contexto, en el ámbito macro, es donde están dándose situaciones que están afectando a unas familias y ciudadanos que viven de nuevo en la incertidumbre y en un riesgo ampliado. Y, otra vez, los colectivos más vulnerables y en situación de exclusión social son los más afectados, pero también esas clases medias que habían visto como su ascensor social se cortaba en 2008. Ahora, el aumento de precios de los bienes básicos, de la energía y el incremento del euríbor supone un cóctel complejo que ha aumentado los gastos, reducido el dinero disponible y de nuevo recortado la capacidad de ahorro de buena parte de la población. El encarecimiento del euríbor da lugar a que las hipotecas sujetas a ese tipo de interés puedan encarecerse hasta 200 euros al mes. Casi nada.

Sin duda alguna, otro momento de inflexión que coincide con numerosos debates políticos y sociales sobre nuestros tipos de sociedades, con un impacto también en el ámbito ideológico. La desigualdad es el caldo de cultivo para que germinen propuestas que suponen retrocesos inimiganibles hace unas décadas. Son respuesta sistémicas también las que necesitamos, no parches ni tiritas. 

 



 
















La situación de la dependencia

Por EQUIPO AICTS / 3 de octubre de 2022

Uno de los principales avances de nuestro Estado de Bienestar se produjo en 2006 con la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Conocida popularmente como la "Ley de dependencia", supuso la culminación de un largo periodo de demandas y trabajos para abordar una de las asignaturas pendientes del Estado de Bienestar español, dentro de un escenario en el que los Servicios Sociales son el ámbito que menos se ha desarrollado del mismo. Este trabajo, que ni mucho menos debe darse por concluido, implicó el reconocimiento de situaciones y derechos que no estaban siendo tenidas en cuenta hasta la fecha. Especialmente relevante fue la cuestión de los cuidadores, mayoritariamente cuidadoras, que no contaban con ninguna prestación ni reconocimiento, cuando estaban dedicando parte, e incluso toda su vida, al cuidado de familiares en situación de dependencia. Igualmente, se generaron una serie de prestaciones y servicios claves para las personas en esa situación. Y, dentro de todo este trabajo de generación de una ley como la que estamos comentando, participaron diferentes actores y sectores de la sociedad.

Tampoco debemos olvidar el escenario que se generó con la crisis sistémica de 2008 y los recortes y ajustes presupuestarios que se produjeron a partir del año 2010, siendo superiores en el primer lustro de la segunda década del siglo XXI. Sin duda alguna, la dependencia se vio afectada por estos recortes en los presupuestos, como el conjunto de las políticas públicas y, especialmente, las vinculadas a los Derechos Sociales, como por ejemplo los ámbitos educativos y sanitarios. Además, el desarrollo de la "Ley de dependencia" también tenía sus variaciones en función de las Comunidades Autónomas, con diferencias entre los territorios. De esta forma, se generaba una nueva situación de desigualdad vinculada, como también comentamos en la entrada al Blog de AICTS de la semana pasada, a la variable territorial.

Más de una década y media después de la aprobación de la citada ley hay que reseñar la iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de realizar una evaluación del sistema de dependencia en nuestro país. Este documento, titulado Informe de evaluación del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (SAAD), ha sido elaborado por un grupo de reconocidos expertos, es ambicioso y voluminoso y cuenta con un análisis pormenorizado de fuentes secundarias que abordan las dimensiones y variables vinculadas a la atención a la dependencia, desde las cuestiones presupuestarias hasta la situación de los cuidados, entre otras, para finalizar con unas recomendaciones. El diagnóstico muestra cómo el sistema precisa de mejoras, que es necesario incrementar los sistemas de inspección y que los escenarios más complejos se dan en el ámbito de los hogares, ya que sería fundamental llevar a cabo mejoras en relación a la atención. Hay que destacar la cuestión presupuestaria, con una inversión en prestaciones en dependencia que representó el 0,82% del Producto Interior Bruto (PIB), alejado de los gastos que se ven en el resto de los países europeos, aunque también cabe reseñar el incremento que se ha producido en el empleo vinculado a la dependencia. Por lo tanto, un documento muy relevante que invita a la reflexión y a la necesidad de profundizar en las medidas para atender a las personas en situación de dependencia, así como a sus cuidadores y cuidadoras. 

 



 
















Desigualdad y atención sanitaria

Por EQUIPO AICTS / 26 de septiembre de 2022

Recientemente, la Cadena SER publicó la noticia de las desigualdades sanitarias en función de la zona de residencia, tanto a nivel municipal como autonómico. Este hecho manifestó cómo influye el lugar de residencia a la hora de recibir atención sanitaria en todos los ámbitos, desde el de la primaria a la especializada, además de las listas de espera para operaciones. Los datos muestran una desigualdad manifiesta que también se vincula al estado y evolución de nuestros sistemas sanitarios. A pocos meses del tercer aniversario del inicio de la pandemia COVID-19, cabe recordar cómo ese momento fue un punto de inflexión para los mismos. Por un lado, porque su capacidad para afrontar la situación fue encomiable, en un escenario de emergencia e incertidumbre, aunque también se basó esa respuesta en un personal sanitario y auxiliar, y aquí hay que incluir a todo el personal, sanitario y no sanitario, que se fajó en un contexto tan complejo, y que sufrió las consecuencias en fallecimientos, contagios, depresiones, estrés, etc. Pero, por otro lado, también fue un momento en el que se vieron las costuras de ese sistema sanitario, en el caso español tan acostumbrados como estábamos a pensar que éramos la envidia de los vecinos europeos, pero no. Los años de recortes también pasaron factura, así como las políticas de privatizaciones, y la pandemia COVID-19 los manifestón. Finalmente, un estudio reciente de The Lancet también ha mostrado los fallos y errores que se cometieron por parte de los gobiernos y organismos en la propia gestión de la pandemia, hecho que perjudicó principalmente a los colectivos vulnerables. Obviamente, habrá personas que puedan señalar que, a posteriori, es fácil señalar estos errores, pero no es menos cierto que es preciso conocer en qué se acertó y en qué se falló, especialmente, para escenarios futuros. 

Como hemos señalado en otras ocasiones en relación a determinados derechos, los denominados sociales, estos fueron un avance determinante ya que permitían que se cubriesen necesidades vitales. La evolución de estos derechos se vio marcada también por la construcción de sociedades cohesionadas y corresponsables, fundamentalmente a través del modelo del Estado de Bienestar. Fueron hitos, sin duda alguna. Y este acceso a la sanidad permitió también la prevención, un aspecto fundamental. En caso contrario, podemos mirar qué ocurre en sociedades como la de Estados Unidos y la cuestión sanitaria. Sin embargo, tampoco la sanidad se ha visto exenta de las tendencias privatizadoras y de desigualdades que están vinculadas a los niveles de renta. Y, como muestra la noticia de la SER, al lugar de residencia.

Estas desigualdades relacionadas con la residencia no tienen cabida en sociedades basadas en principios de igualdad y de equidad, o no tendrían que tenerlo. En el caso español, un país descentralizado con las competencias sanitarias asumidas por las Comunidades Autónomas, tendrían que producirse mecanismos que redujesen esas desigualdades. Creemos que la descentralización es positiva y que permite un servicio más cercano al ciudadano, con un conocimiento más amplio de los entornos y sus necesidades. Igualmente, también implica que en cada territorio, en este caso Comunidad Autónoma, puedan implementarse unos programas y políticas que están determinadas por la ideología del partido en cada uno de los gobiernos, que determinarán los presupuestos que se destinan a cada partida. Estos aspectos están ahí, no cabe duda, pero no tendrían que generar unas desigualdades tan amplias. Como tampoco si nos encontramos residiendo en barrios ricos o en barrios pobres. Al contrario, es precisamente en base a la equidad en los segundos en los que debe hacerse un mayor esfuerzo.

Lamentablemente, la realidad es otra y, seguramente como en tantos otros aspectos, la pandemia del COVID-19 no haya servido para mejorar. Puede que, en este caso, incluso al contrario. Sí, recordamos cómo salíamos a los balcones hace dos años y medio como reconocimiento a nuestro personal del sistema sanitario, pero ¿cuánto ha mejorado el mismo? ¿Se han solucionado las disfunciones que estaban presentes y que, en ocasiones, quedaron al descubierto por la pandemia? ¿Cómo se pueden seguir reproduciendo estas desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios en función de los lugares de residencia? En fin, queda camino de nuevo por recorrer. 


 
















Comedor escolar

Por EQUIPO AICTS / 19 de septiembre de 2022

Los análisis de los sistemas educativos y de las funciones que cumple la educación, en relación a la igualdad de oportunidades y a la reducción o amplificación de las desigualdades sociales, prestan una gran atención a los servicios complementarios y a todos los aspectos que rodean al sistema educativo. Muchos de ellos, como insistiremos, son fundamentales para que se produzca un aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la educación. Con una educación universal, obligatoria y gratuita, fruto de la evolución de los Derechos Sociales, las desigualdades no se dan tanto en los costes directos, que no están presentes por la gratuidad señalada en la educación obligatoria, aunque también pesan aspectos como la elección de centro y el "efecto compañero", sino en otros aspectos complementarios.

Libros de texto, material escolar y, en otro nivel, actividades complementarias y extraescolares, son fundamentales en la reproducción de las desigualdades. Pero, no es menos cierto que con las transformaciones sociales vividas en las últimas décadas, otros ámbitos son fundamentales para analizar el papel de la escuela. Hablamos de aspectos vinculados a la conciliación y a cómo se han desarrollado servicios que antes no existían o no eran tan mayoritarios. Servicios como el de madrugadores, en el que las familias pueden dejar a sus hijos e hijas antes del inicio de las clases por los horarios de trabajo. El comedor escolar, otro aspecto fundamental, que se ha convertido en un gasto de las familias fundamental. O las actividades extraescolares que ofrecen los centros, además de la vinculación con los tipos de jornada, continua o partida. 

Sobre el comedor escolar se publicó a comienzos de septiembre un artículo en El País en el que se señalaba su papel y cómo no llega en España a uno de cada diez usuarios con ayuda para el mismo. En este sentido, también se indicaba que no pocos hogares con bajos ingresos se quedaban fuera de estas ayudas. Sobre el comedor escolar se ha venido también escribiendo y analizando su papel en la última década, especialmente con la crisis de 2008. Se señalaba que había muchas familias cuyos hijos e hijas podían contar con una comida que cumpliese todas las prerrogativas nutricionales gracias a este servicio. También se indicaba que, en los meses de verano, al no contar con dicho servicio, estos niños y niñas podrían no contar con una alimentación adecuada. Cuando realizamos estudios en el ámbito escolar, especialmente en el caso de etnografías escolares, encontramos no pocas situaciones y experiencias en las que se ofertan, por ejemplo, servicio de desayunos, fundamentalmente en centros  de especial dificultad, así como se articulan ayudas para familias vulnerables. Obviamente, no se llega a todo.

El comedor escolar es uno de esos servicios complementarios claves de los sistemas educativos. Son servicios en los que tendrían que producirse más ayudas e inversiones por parte de las Administraciones Públicas ya que, de esta forma, se llegaría a prestar una cobertura de estos servicios necesaria para el buen desarrollo de niños y niñas. Es también una realidad que, en casos de falta de variedad en la dieta, o con una elevada presencia de alimentos procesados, porque son más baratos, o directamente con determinadas carencias y dificultades para completar la cesta de la compra, se producen impactos negativos en niños y niñas que afectan a su rendimiento escolar. El comedor escolar ha servido para evitar algunos de estos escenarios. Y, en un contexto como el actual, con el aumento de la inflación como indicaba el artículo de El País, con más familias con dificultades y con mayores recortes en las cestas de la compra, su función puede ser más determinante.