El Manifiesto de Talavera: Un paso importante en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación a la Dependencia
Por EQUIPO AICTS / 22 de abril de 2024
Cuando se han cumplido prácticamente dos décadas del conocido “Manifiesto de Talavera”, debemos recordar que su publicación fue un revulsivo social, porque en pocos meses lo respaldaron dos centenares de organizaciones sociales y más de cincuenta mil personas. Posteriormente, viendo la trascendencia mediática que había tenido, todos los partidos políticos incorporaron sus reivindicaciones en sus programas electorales para ampliar y mejorar el modelo de Servicios Sociales a través de lo que se conoce popularmente como la Ley de la Dependencia, cuando el PSOE llegó al gobierno.
Cuando se han cumplido prácticamente dos décadas del conocido “Manifiesto de Talavera”, debemos recordar que su publicación fue un revulsivo social, porque en pocos meses lo respaldaron dos centenares de organizaciones sociales y más de cincuenta mil personas. Posteriormente, viendo la trascendencia mediática que había tenido, todos los partidos políticos incorporaron sus reivindicaciones en sus programas electorales para ampliar y mejorar el modelo de Servicios Sociales a través de lo que se conoce popularmente como la Ley de la Dependencia, cuando el PSOE llegó al gobierno.
Para entender el paso tan importante de esta norma, tenemos que remontarnos a la década de los años setenta, con la aprobación de la Constitución Española en el año 1978, porque supuso una eclosión de derechos y libertades, desembocando en el desarrollo de nuevos derechos sociales e iniciándose en aquellos momentos un cambio en los planteamientos que condujeron a la creación del Sistema Público de Servicios Sociales, arrinconando finalmente el paternalismo social que ejerció el Estado durante 40 años a través de sus políticas caritativas y paliativas, produciéndose durante el proceso democrático un salto cualitativo y cuantitativo en su sistema de protección social basado en cuatro pilares fundamentales; el sistema público de salud, el educativo, el de rentas y pensiones y los servicios sociales.
Una de las primeras decisiones que se tomaron, fue la firma en el año 1986 del Plan Concertado para el desarrollo de las prestaciones básicas del sistema de servicios sociales entre las diferentes administraciones públicas, que condujo a un acuerdo de financiación entre las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y la Administración Central para garantizar los derechos sociales con igualdad de condiciones, independientemente del territorio donde se viviera. Las prestaciones fueron fundamentalmente de carácter público, reguladas y sujetas a derecho, que garantizaban unos mínimos socialmente reconocidos para todos los ciudadanos con carácter universal, que se convirtieron en un instrumento para el ejercicio del derecho a recibir una respuesta ante su situación de necesidad; a la información y orientación frente a los problemas individuales o familiares o el derecho al conocimiento de los recursos que ofrecen las Administraciones, favoreciendo la solidaridad ejercida desde los poderes públicos, y dando cauce a la inclusión de todas las personas y grupos en situación de riesgo; información, orientación, asesoramiento y tratamiento social personalizado y comunitario, ayuda a domicilio, apoyo a la convivencia, acogida y alojamiento alternativo, prevención e inserción social y cooperación social.
Sin embargo, en el año 2002, dieciséis años después de aprobar el Plan Concertado no se había cumplido el objetivo de universalidad, porque solo se había beneficiado el 10% de la población española, además de haberse producido durante este periodo de tiempo importantes cambios sociológicos y demográficos, como fue el incremento progresivo de la población en situación de dependencia; se había duplicado la población de las personas que tenían más de 65 años, había aumentado exponencialmente la población con edad superior a 80 años, que necesitaban apoyo físico, económico y emocional, añadiéndose la dependencia por razones de enfermedad o de discapacidad producidas por determinadas enfermedades crónicas y alteraciones congénitas, como por las consecuencias derivadas de los índices de siniestralidad vial y laboral.
También habían surgido nuevos tipos de familias que escapaban a la tradicional acción protectora del Estado; aumento del porcentaje de familias monoparentales con cargas familiares o de personas que vivían solas, generalmente mujeres en una situación alarmante de precariedad que no recibían ningún tipo de apoyo económico. Las mujeres también soportaban las pensiones más bajas en general, porque accedían a pensiones no contributivas o a pensiones de viudedad, estando económicamente muy debajo de las pensiones medias de jubilación. Aunque se habían producido pequeños cambios en cuanto a las responsabilidades compartidas dentro de la familia, las mujeres seguían siendo las responsables exclusivas de atención a la dependencia entre otros muchos problemas. Todo el proceso llevó a que el INSERSO realizara en el año 2000 un estudio que confirmó lo que se intuía, porque los resultados fueron concluyentes; las mujeres entre los 35-55 años tenían 3 veces más enfermedades debidas al estrés que el promedio español, el 51% de las mujeres que tenían personas a su cargo manifestaban estar cansadas, el 32% estaban deprimidas y el 30% sentía que su salud se había deteriorado, un 64% de las mujeres cuidadoras habían reducido su tiempo de ocio, un 48% habían dejado de ir de vacaciones y un 40% no frecuentaba amistades y el 28% de mujeres su trabajo cuidador duraba más de 10 años.
Viendo que costaba consolidar el sistema de los servicios sociales, al final de la década de los años noventa, se empezaron a realizar varios seminarios, cursos o jornadas en distintitos puntos de la geografía española ( Guadix, Granada, Cuenca, Sevilla…) para debatir las necesidades que tenía la sociedad española, pero también para exigir a las administraciones públicas que cumplieran con lo pactado en el Plan Concertado. Todo el proceso tuvo su culminación en lo que se conoce como el “Manifiesto de Talavera” que como bien dice su nombre, se redactó como conclusión a unas jornadas que se realizaron los días 28 y 29 de marzo del año 2003 en el Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina, con el título “Los Servicios Sociales en el Estado del Bienestar”, con la colaboración de la Universidad de Castilla La Mancha y del Consejo General de Trabajo Social. Participaron aproximadamente 300 personas pertenecientes a distintos sectores de la sociedad: profesores, políticos, sindicalistas, trabajadores sociales, sociólogos, representantes de asociaciones de inmigrantes, mujeres, discapacitados, estudiantes….El Manifiesto exigía a los grupos parlamentarios del Congreso, Senado y Comunidades Autónomas, que garantizaran por Ley, la financiación para hacer efectiva la universalidad de los derechos/prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales, realizar un mapa nacional/regional de equipamientos en coordinación con los municipios dotándoles con inversiones plurianuales, como la contratación de una red de profesionales con alta cualificación que garantizaran el principio de universalidad y la calidad de los servicios.
Posteriormente a las jornadas, se puso a disposición de todas las organizaciones sociales como del resto de los ciudadanos, una página Web con las reivindicaciones que recogía el Manifiesto de Talavera, haciendo posible que en muy poco tiempo se sumaran más de 200 organizaciones sociales y lo firmaran aproximadamente 50.000 personas que fue publicado en una página entera en el diario El País, el 29/12/2003, coincidiendo con el 25 aniversario de la aprobación de la Constitución Española. Después de este proceso, todos los partidos políticos incorporaron en sus programas electorales las conclusiones del manifiesto. Finalmente, cuando el Partido Socialista llego al gobierno después de ganar las elecciones el 14 de marzo del 2004, tomando posesión el Presidente del gobierno José Luis Rodriguez Zapatero y nombrando ministro de Trabajo y Asuntos Sociales a Jesus Caldera, encargo un Libro Blanco sobre las necesidades y problemas sociales que existían en aquel tiempo, dando lugar a que se aprobara posteriormente en el Congreso de los Diputados la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación a la Dependencia, que recogía en parte las reivindicaciones del manifiesto, porque permitió atender en parte las necesidades sociales de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requerían apoyos para desarrollar las actividades esenciales de su vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.