La situación de la dependencia
Por EQUIPO AICTS / 3 de octubre de 2022
Uno de los principales avances de nuestro Estado de Bienestar se produjo en 2006 con la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Conocida popularmente como la "Ley de dependencia", supuso la culminación de un largo periodo de demandas y trabajos para abordar una de las asignaturas pendientes del Estado de Bienestar español, dentro de un escenario en el que los Servicios Sociales son el ámbito que menos se ha desarrollado del mismo. Este trabajo, que ni mucho menos debe darse por concluido, implicó el reconocimiento de situaciones y derechos que no estaban siendo tenidas en cuenta hasta la fecha. Especialmente relevante fue la cuestión de los cuidadores, mayoritariamente cuidadoras, que no contaban con ninguna prestación ni reconocimiento, cuando estaban dedicando parte, e incluso toda su vida, al cuidado de familiares en situación de dependencia. Igualmente, se generaron una serie de prestaciones y servicios claves para las personas en esa situación. Y, dentro de todo este trabajo de generación de una ley como la que estamos comentando, participaron diferentes actores y sectores de la sociedad.
Tampoco debemos olvidar el escenario que se generó con la crisis sistémica de 2008 y los recortes y ajustes presupuestarios que se produjeron a partir del año 2010, siendo superiores en el primer lustro de la segunda década del siglo XXI. Sin duda alguna, la dependencia se vio afectada por estos recortes en los presupuestos, como el conjunto de las políticas públicas y, especialmente, las vinculadas a los Derechos Sociales, como por ejemplo los ámbitos educativos y sanitarios. Además, el desarrollo de la "Ley de dependencia" también tenía sus variaciones en función de las Comunidades Autónomas, con diferencias entre los territorios. De esta forma, se generaba una nueva situación de desigualdad vinculada, como también comentamos en la entrada al Blog de AICTS de la semana pasada, a la variable territorial.
Más de una década y media después de la aprobación de la citada ley hay que reseñar la iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de realizar una evaluación del sistema de dependencia en nuestro país. Este documento, titulado Informe de evaluación del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (SAAD), ha sido elaborado por un grupo de reconocidos expertos, es ambicioso y voluminoso y cuenta con un análisis pormenorizado de fuentes secundarias que abordan las dimensiones y variables vinculadas a la atención a la dependencia, desde las cuestiones presupuestarias hasta la situación de los cuidados, entre otras, para finalizar con unas recomendaciones. El diagnóstico muestra cómo el sistema precisa de mejoras, que es necesario incrementar los sistemas de inspección y que los escenarios más complejos se dan en el ámbito de los hogares, ya que sería fundamental llevar a cabo mejoras en relación a la atención. Hay que destacar la cuestión presupuestaria, con una inversión en prestaciones en dependencia que representó el 0,82% del Producto Interior Bruto (PIB), alejado de los gastos que se ven en el resto de los países europeos, aunque también cabe reseñar el incremento que se ha producido en el empleo vinculado a la dependencia. Por lo tanto, un documento muy relevante que invita a la reflexión y a la necesidad de profundizar en las medidas para atender a las personas en situación de dependencia, así como a sus cuidadores y cuidadoras.