Crisis energética y desigualdades

Por EQUIPO AICTS / 29 de noviembre de 2021

Una nueva crisis ha irrumpido en los últimos meses. La energética y todo lo relacionado con las materias primas. Un escenario que ofrece numerosos debates y perspectivas en relación a las cuestiones geoestratégicas, con sus zonas grises, pero que va teniendo un fuerte impacto en la estructura social. Las desigualdades se recrudecen a partir de un panorama que no ofrece lugar a dudas. Y todo ello se une a las consecuencias de la pandemia de la covid-19 en la que todavía nos encontramos inmersos. Queda mucho camino por recorrer en este sentido y ya hemos hablado de los fondos de reconstrucción y de las medidas y direcciones que se están planteando en ese sentido, buena parte de las cuales generan dudas como las que apuntaba acertadamente Ramón González Férriz en un reciente artículo en El Confidencial. En el mismo, González Férriz centraba sus argumentos en el impacto de la digitalización y la sostenibilidad en la economía y en el empleo, con unos colectivos beneficiados y otros perjudicados. Sin cuestionar estas líneas, indicaba que no se podían asentar en reparto desequilibrado en el que se verán beneficiadas las grandes empresas frente a los pequeños y medianos agentes. Una realidad que hemos visto en no pocas ocasiones.

Sirva este escenario para situar el contexto porque, con las noticias y tendencias actuales, las desigualdades se acrecentarán sin duda alguna. Primero vino el impacto de la subida de la luz, un hecho que fue generando una gran incertidumbre mientras se observaban ascensos del precio de la luz que llevaban a una elevada incredulidad. Este aumento de la luz tendrá un gran impacto en cuestiones como la "pobreza energética", la cual se incrementará ante el hecho de que no serán pocas las familias y ciudadanos y ciudadanas que tendrán dificultades para afrontar un recibo de la luz en alza. A estos colectivos es presumible que se unan otros que tendrán que hacer recortes y ajustes en todo lo relacionado con los gastos domésticos y del hogar. En definitiva, un escenario que se complejiza todavía mucho más en un momento en el que también surgen incertidumbres respecto a la distribución de gas, por ejemplo.

En otro lado del contexto, todo lo que está ocurriendo con la carencia de ciertos materiales y productos necesarios para la producción en nuestros países. Recordando las variables geoestratégicas, hay que tener en cuenta el impacto en nuestras economías. Estamos inmersos en una dinámica en la que, cualquier parón o reducción de la actividad económica, tiene unas consecuencias tremendas sobre la estructura social, afectando inicialmente y en mayor medida a los colectivos más vulnerables. Este escenario también genera una elevada incertidumbre, una inestabilidad que es creciente a pesar del contexto ya señalado de los incentivos y planes de reconstrucción en relación a las consecuencias de la covid-19. Obviamente, también hay que tener en consideración cómo funcionan estos procesos con respecto a relatos y discursos, dentro de escenarios en los que la actualidad informativa marca y lo que hoy parecía "el fin del mundo", mañana o incluso en el mismo día, es olvidado. Sin embargo, no es menos cierto que esos riesgos están ahí y aunque, en no pocas ocasiones, el alarmismo se impone, también se dan situaciones que tienen sus consecuencias en el día a día y en las actividades productivas.

En cierto sentido, cayendo en un tópico, en ocasiones parece que nos acercamos a una especie de "tormenta perfecta", con no pocos frentes abiertos y dificultades que van surgiendo. Pero, este hecho no debe dejar de hacernos ver que estamos ante un escenario más global. Sin duda alguna, estamos recogiendo en parte frutos y consecuencias del modelo de Globalización que se ha construido y de las decisiones que se han tomado en nuestras sociedades. Retornamos a la pugna geoestratégica y al papel que Europa y países como España están ocupando en el mundo. Si con la covid-19 observamos y vivimos las consecuencias de las deslocalizaciones y de haber dejado de lado el sector secundario en nuestros países, con esta nueva crisis se confirma ese modelo que ha transformado de forma radical el tablero de juego, aunque ha mantenido las fichas de algunos actores. Entre ellos, nosotros. Insistimos, no podemos dejar de ver todo este escenario en un proceso más global, más estructural, un escenario que aumenta la desigualdad y que lleva a un incremento del malestar social. Al final, la cohesión social se ve amenazada por más frentes. Veremos.








Familias monoparentales y vulnerabilidad

Por EQUIPO AICTS / 22 de noviembre de 2021

Uno de los colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social lo forman las familias monoparentales, especialmente si están encabezados por una mujer, como suele ser la realidad. En el año 2020, la Encuesta Continua de Hogares, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogía casi dos millones de hogares monoparentales, de los cuales el 81,35% estaban encabezados por mujeres. Con respecto al conjunto de los hogares, los monoparentales representaban el 10,41%. Es decir, uno de cada diez. Es un fenómeno creciente ya que, desde 2014, cuando se recoge el primer dato de dicha encuestta, los mismos eran el 9,54%. En cuanto al número de hogares monoparentales, estos han aumentado un 11,72% en el periodo 2014 - 2020. Una realidad que, como decíamos, afecta en mucha mayor medida a las mujeres que, especialmente en situaciones de separaciones y divorcios, se hacen cargo en mayor medida de las custodias de los hijos. 

La vulnerabilidad de este colectivo lleva tiempo siendo analizada ya que, en general aunque de nuevo hay que incidir en que nos encontramos ante un fenómeno heterogéneo, cuando en un hogar solo hay un ingreso y una persona que realiza las tareas domésticas, las dificultades son mayores. En este sentido, ya estaba identificado el grupo de mujeres cabeza de familias monoparentales como uno de esos grupos en los que mayor riesgo existe de entrar en la vulnerabilidad socia. Se mezclan diferentes factores, además de los mencionados, ya que aparece también una mayor presencia de empleos precarios e inestables. También existen muchas más dificultades en relación a la atención de los hijos e hijas ya que las funciones que realizan dos personas tienen que ser llevadas a cabo por una sola. De esta forma, por ejemplo en el ámbito educativo, esta persona tiene que multiplicarse. En definitiva, una situación más compleja reivindicándose continuamente una mayor atención por parte de las políticas públicas.

El impacto de la covid-19 ha sido todavía mayor para el colectivo de las familias monoparentales, con independencia de su sexo, en el sentido de aumentar su vulnerabilidad social. El País recogía hace unas semanas los resultados de un informe que había llevado a cabo EAPN España. Los resultados no podían ser más concluyentes. Una de cada siete personas que criaban solas a sus hijos sufrieron durante 2020 carencias graves en su hogar. Los testimonios son elocuentes, mujeres que señalan su experiencia de la crianza en solitario de sus hijos a lo largo del confinamiento y escenarios de pérdida de empleo, por ejemplo. De esta forma, la vulnerabilidad, como decíamos, se incrementa.

Sin duda alguna, las características de este colectivo suponen un importante factor de riesgo de exclusión social, como bien reflejan estudios como el señalado. Es un colectivo heterogéneo, lógicamente, y habrá personas que no respondan a este perfil, pero es un hecho que su escenario es complejo. Son necesarias políticas públicas que avancen en sistemas de protección más profundos, especialmente en colectivos más vulnerables. Sin embargo, no es menos cierto que volvemos a encontrarnos con una desigualdad de naturaleza estructural que se va incrementando a medida que el mercado de trabajo se precariza en mayor medida o que aumentan los precios de la vivienda, en propiedad o en alquiler como ya hemos señalado en otros artículos de este blog













La llegada a los estudios superiores y su valor

Por EQUIPO AICTS / 15 de noviembre de 2021

El País publicó hace unas semanas un interesante y amplio artículo sobre cómo el acceso a los estudios superiores ya no suponía un mecanismo de ascensor social. Este hace tiempo que quedó averiado, en el sentido de que lo que sucedió durante las décadas de creación y consolidación del Estado de Bienestar en España. En ese periodo, llegaron a la universidad numerosas personas procedentes de clases trabajadoras y medias para las que, hasta entonces, alcanzar los estudios superiores era prácticamente una utopía. Este proceso se vio fortalecido por la ampliación de la oferta universitaria, también a través de la creación de universidades, y al sistema de becas. De esta forma, se producía una consolidación de las clases medias y esa movilidad social se veía reforzada. Sin embargo, con la crisis de 2008 este sistema se quiebra, aunque las bases de este escenario estaban ya presentes años antes. 

El artículo de El País recogía datos de un estudio de Cáritas y la Fundación FOESSA que mostraba cómo, de 2018 a 2021, la exclusión social para graduados universitarios había pasado del 6,9% al 15,3%, afectando a más de un millón de personas. El artículo se complementaba con testimonios de personas en esa situación. Esa quiebra del modelo en el que, a mayor nivel de estudios, se garantizaba dicha movilidad social y no encontrarse en situaciones de exclusión social supone un grave impacto para la cohesión social y para el valor de los estudios superiores. De esta forma, se produce por parte de diferentes agentes, de forma interesada, un cuestionamiento del valor de la universidad. En España, han sido frecuentes los mensajes acerca de que muchas personas acceden a la universidad, de que sobran centros, o de que se estudian carreras que, posteriormente, no tienen salida en el mercado laboral. Ahondar en este tipo de mensajes está caracterizado por una visión elitista de la educación y de la estructura social. Cuantas más personas alcancen un mayor nivel de formación, mejor, y eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todos los sentidos con las teorías del capital humano, que también han mostrado importantes limitaciones. Numerosos centros universitarios de nuestro país cumplen funciones sociales tan importantes como acercar esos estudios a colectivos que, de otra forma, no podrían permitirse ni los costes directos ni los indirectos que supone estudiar en la universidad. Finalmente, se lanzan mensajes contradictorios porque, en primer lugar, decimos a las personas que estudien su vocación, que se formen en lo que les gusta pero, posteriormente, se les culpabiliza de haber elegido "mal" su formación. Este hecho genera una gran disonancia y señala al individuo y no a un sistema que es el que no cuenta con un modelo que facilite el aprovechamiento, con todas las letras, de una formación que está ahí. De esta forma, las visiones críticas y parciales se lanzan a señalar la sobrecualificación de numerosos trabajadores y trabajadoras, que estarían desempeñando un trabajo que no precisaría la formación universitaria. De nuevo, ¿de quién es la culpa?, ¿de la persona que se ha formado, que ha hecho el esfuerzo, o de un sistema que no facilita poner en valor dicha formación?

El hecho de que aumente el número de graduados en situación de vulnerabilidad es un reflejo de esos cambios en el mercado de trabajo y en la estructura social que se han producido en las dos últimas décadas. Un escenario que ha precarizado los empleos, especialmente para los más jóvenes, y en el que el contar con un nivel de estudios superior no va a garantizar para muchas personas, porque para otros colectivos sí en función del origen socioeconómico, el contar con un mejor empleo. Es decir, la precarización también llega a estos ámbitos pero no solo porque incide en las situaciones señaladas anteriormente sino porque, también para trabajos cualificados, la precarización es una realidad. Y, si no, solo hay que acercarse a ver cómo viven numerosas personas en las grandes ciudades desarrollando trabajos cualificados pero con unas condiciones de vida que pasan por compartir piso hasta edades que antes sería imposible, o precisar del apoyo familiar, siempre que pueda darse. Es decir, no es cuestión de contar con estudios superiores, sino que es algo estructural. Además, aunque se deslegitimen y se cuestionen a los mismos, todos los indicadores establecen una correlación entre contar con ellos y tener menos posibilidades de entrar en situaciones de riesgo de exclusión social. Es una realidad aunque las cifras que hemos comentado muestren también una mayor complejidad en esta situación.

Hace unas semanas, integrantes de AICTS presentaron un estudio realizado a finales de 2020 sobre las condiciones de vida, valores, etc., de los estudiantes de la Universidad de La Rioja. Dicho estudio, financiado por el Gobierno de La Rioja, se basó en una encuesta presencial con 2.200 alumnos y alumnas de esta entidad pública, la mayor parte de Grado debido a que coincidió en uno de los momentos más significativos de la pandemia covid-19, por lo que estudiantes de Máster estaban online. Esta encuesta recogió numerosos indicadores sobre este colectivo. Un 88,2% tenía presente que iban a alcanzar la Universidad, lo que muestra que esta trayectoria ya estaba interiorizada, así como primaban valores más expresivos que instrumentales en la elección de sus estudios. El 69,8% de los encuestados indicó que creían que contar con esta formación les permitiría una mejor salida profesional y laboral. Sin embargo, aparecieron cuestiones relacionadas con el origen socioeconómico como un valor a tener en cuenta para acceder tanto a la universidad como al mercado laboral. Había un reconocimiento de que no todo el mundo podía llegar a los estudios superiores por dicho motivo, aunque era menos determinante en el mercado laboral. Se produce de esta forma esa situación que venimos describiendo. Hay un peso importante de los orígenes socioeconómicos y una estructura social desigual que marca en buena parte las trayectorias. Pero, de la misma forma, hay un reconocimiento del valor de los estudios superiores, clave para alcanzar mejores empleos.

Es un escenario, como decíamos, complejo, en el que entran numerosas variables, no solamente en sí mismo el valor de los estudios superiores sino el peso de la estructura social, de los orígenes socioeconómicos, así como las condiciones del mercado de trabajo. Que el ascensor social y la meritocracia no funcionan, es un hecho reconocido. Que minusvalorar o denigrar los estudios superiores, y el conjunto de la formación, también está presente desde diferentes ámbitos, también. Que estos mensajes son muy peligrosos, no cabe duda. Lo que está claro es que se precisa seguir trabajando en una inclusión, igualdad y equidad que permita una mejor inserción social y laboral, especialmente de aquellos colectivos en condiciones más complicadas. Y, como hemos visto, se amplían los mismos a capas sociales que antes no estaban en esa situación. 









El acceso a la vivienda, otra cuestión sin resolver

Por EQUIPO AICTS / 8 de noviembre de 2021

Hay problemáticas que no acaban nunca de solucionarse, al contrario, empeoran. Es el caso del acceso a la vivienda en un país como España. Se dan en relación a la misma una serie de cuestiones que se han convertido en seculares y estructurales. Hace unas semanas, varios artículos alertaban de las dificultades que implicaba el acceso a la vivienda, tanto en venta como en alquiler, en nuestro país. Por un lado, la oferta de alquiler a precios que no supusiesen un elevado porcentaje del salario, es decir, una vivienda en alquiler accesible a precios bajos, era muy reducida, hecho que impedía esta posibilidad a las rentas bajas. Además, también se alertaba de la enorme brecha que existía entre los propietarios de viviendas y los inquilinos de pisos, calibrado en que los primeros tienen una renta hasta treinta y tres veces superior a los segundos, por encima de la media europea. En definitiva, un escenario que nos dice mucho sobre la estructura social de nuestro país.

Hay que comenzar indicando que la cuestión de la vivienda en España siempre ha sido compleja. Por un lado, el hecho de que la vivienda en propiedad en España sea un hecho clave en el sentido del estatus y del acceso a una movilidad social ascendente. Hay estudios que señalan que España es un país de propietarios, lo cual se podría vincular con estructuras culturales y valores del pasado. No es menos cierto que, para las generaciones posteriores a la Guerra Civil, las de la última etapa del éxodo rural, contar con una vivienda en propiedad era una aspiración muy interiorizada. La expansión de las ciudades y de las clases medias se sustentó en parte contando con ello. Desde entonces, el alquiler era visto como algo no deseado, una opción que era o bien temporal o para las personas, familias y colectivos que no pudiesen comprarse un piso. El alquiler en España, como bien es conocido, es minoritario en relación al resto de Europa. De hecho, tener un piso en alquiler, se decía popularmente, era tirar el dinero porque, con lo que pagabas por el mismo te podías comprar uno.

Un siguiente paso en esta proceso se da cuando las generaciones del "baby boom" comienzan a acceder a la vivienda. En este sentido, sus padres y madres habían conseguido acumular diversos capitales, comenzando con una vivienda en propiedad y siguiendo con el económico en ese ascenso de las clases medias. Buena parte de estas generaciones fueron las primeras de sus familias en ir a la Universidad y contar con unas condiciones de vida más holgadas. Además, los pasos de rito hacia la madurez y la vida adulta se marcaban claramente: estudiar, encontrar un trabajo con unas buenas condiciones, contar con una pareja y casarse y salir al mercado de la vivienda. Es decir, la emancipación se retrasaba hasta que se pudiese contar con esas premisas. Por el camino, parte de estas generaciones se quedaba en casa de sus padres, hecho que daba lugar a que también pudiesen acumular capitales derivados de sus trabajos, lo que les permitiría acceder a la vivienda en propiedad. No era lo frecuente tener en consideración la posibilidad del alquiler. 

Pero, ya en esos periodos, comienza a hablarse del problema del acceso a la vivienda. Llega el "boom inmobiliario" y los precios se disparan hasta límites insospechados, aprovechando una especie de tormenta perfecta. Por un lado, el valor de la vivienda como un signo de estatus; por otro lado, una demanda creciente de personas que salían al mercado de la vivienda; y, en tercer lugar, las facilidades del acceso al crédito por parte de las entidades bancarias. Y no podemos olvidar las medidas políticas que hicieron de la liberalización del suelo un aspecto clave. Desde la segunda mitad de la década de los noventa del siglo XX hasta la crisis de 2008, entramos en una espiral ascendente en todos los sentidos (oferta, demanda, precios) que transformará nuestra estructura social. Para entoces, el acceso a la vivienda se convierte en algo muy lejano para no pocos colectivos, incluso algunos provenientes de las clases medias.

Este proceso no ha dado lugar a aprendizajes. Sí, ha habido promociones de viviendas públicas, recordemos esos sorteos multitudinarios ya que el hecho de que te tocase una VPO (viviendas de protección oficial) era casi como si te tocase una lotería. Pero, como hemos señalado, el escenario se ha hecho todavía más complejo y el acceso a la vivienda se ha complicado. En el caso de la propiedad, los cambios han venido por una menor oferta y una restricción del acceso al crédito tras la crisis de 2008. Ciertamente, se siguen construyendo y vendiendo viviendas, pero ese ritmo descendió bastante. Más compleja es la situación del alquiler si cabe. Los precios de los mismos han subido, hace dos décadas era un destino accesible para las personas que no podían comprar, y se han vuelto insostenibles, especialmente en las grandes ciudades pero no solamente en ellas. Lo vemos en ejemplos como el hecho de que haya numerosísimas personas que tienen que compartir piso cuando, por su edad y sus trabajos, tendrían que estar en otro estadio. El impacto de los pisos turísticos se ha dejado notar en este proceso, lo que entronca con un modelo económico que se ha institucionalizado. De esta forma, se produce una salida de la población que residía en los barrios tradicionales del centro de las ciudades. Los alquileres suben, los "fondos buitre" encuentran oportunidades de negocio, etc. Pero no solo es cuestión del medio urbano. Aunque se ha advertido en numerosos estudios y se ha señalado sin cesar, las posibilidades de comprar y alquilar una vivienda en el ámbito rural también son muy limitadas. Se tiene la visión de que es algo sencillo, de que una vivienda en un pueblo es fácil y accesible. Al contrario.

No se vislumbra que este escenario tan complejo vaya a solucionarse a corto y medio plazo. Las medidas no parece que dan resultado, cuando en no pocas ocasiones tienen que competir con otras más liberalizadoras y con visiones muy arraigadas en nuestra cultura. Es una cuestión estructural de la que no hemos aprendido mucho en las últimas tres décadas. Mientras tanto, nos sorprendemos de que los jóvenes tarden en emanciparse (misión imposible para muchos), de que se siga prefiriendo la compra al alquiler (hecho legitimado por los precios de unos y otros) y de que los centros de las ciudades se hayan transformado cambiando la configuración de sus vecinos (algo estructural en todos los países). No, no tendríamos que sorprendernos tanto. 









De impuestos y "Los papeles de Pandora"

Por EQUIPO AICTS / 1 de noviembre de 2021

No por esperada no deja de enfadar. La salida a la luz de los llamados "Los papeles de Pandora", a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que en España ha sido difundido por El País y La Sexta, ha mostrado de nuevo las fallas de un sistema que favorece una ingeniería fiscal a través de la cual las elites evaden sus responsabilidades. Si hace unos años nos encontramos con "Los papeles de Panamá", y todo el escándalo consiguiente, los actuales van mucho más allá porque implican a más despachos involucrados en esas prácticas. Los nombres son numerosísimos y abarcan desde deportistas y artistas a empresarios, pasando por políticos que son, o han sido, presidentes, ministros, etc., de diferentes gobiernos. Volveremos sobre esta última cuestión.

No hace falta insistir mucho en el valor de los impuestos para unos sistemas como los nuestros, en el sentido de que son una de las bases de una corresponsabilidad y una cohesión social que genere equidad e igualdad de oportunidades. Es así, y así tenemos que seguir defendiéndolo a pesar de que las corrientes actuales van en otras direcciones. Sin embargo, la posibilidad de evadirse de las responsabilidades, de crear empresas offshore en paraísos fiscales con las que se pagan menos impuestos, y además no en su país, es una práctica más habitual de lo que sería deseable. Estamos en un escenario de enorme complejidad al que acceden una serie de elites y grupos con una posición en la estructura social. Son esas personas y grupos los que cuentan con el conocimiento y las herramientas, y la colaboración de abogados a economistas, entre otros, que posibilitan esa ingeniería financiera. Además, todo esto ocurre en un contexto en el que las grandes empresas, multinacionales, se han desligado de sus países de origen. Son elites capitalistas desarraigadas de sus territorios que no sienten responsabilidad por los mismos, en la mayor parte de los casos.

Si todo esto es grave, todavía lo es mucho más el que haya políticos, en activo incluso, con estas cuentas, incluyendo jefes de Estado. Esto supone un golpe durísimo para la legimitidad de ciertos mensajes y del propio sistema. Generalmente, la responsabilidad se lanza hacia familiares o empresas en las que se estuvo en el pasado, pero son de nuevo mensajes que generan una sensación muy difícil en una ciudadanía duramente golpeada por crisis, precariedad del mercado de trabajo y un sistema impositivo que se centra en las clases medias y medias - bajas, sin olvidar los impuestos indirectos que afectan a todos por igual. De esta forma, discursos institucionalizados socialmente, de manera informal, que inciden en las trampas que se pueden hacer para no pagar impuestos, y los casos son recurrentes, quedan claramente legitimados y justificados. Se impone seguir incidiendo una pedagogía social en la dirección contraria pero, claro, si tu jefe de Estado, presidente o ministro se monta una offshore, complicado. De esta forma, cuando los youtubers se van a Andorra por el sistema fiscal, hay que reforzar los esfuerzos en unos jóvenes que están en un sistema educativo gratuito y universal de los 3 a los 16 años, que cuentan con una sanidad pública, etc. Ciertamente, no son todos, como se pudo comprobar en esa polémica de hace unos meses, pero es paradójico que sean precisamente gente que se ha beneficiado de un modelo o de un sistema los que luego les dan la espalda. Signo de unos tiempos.

En el lado contrario de la balanza, una noticia que no ha tenido un recorrido tan amplio. 136 países y jurisdicciones acordaron un impuesto de sociedades global mínimo del 15% que se repartirá entre los países donde las empresas tengan beneficios. Este acuerdo, amparado por la OCDE, puede suponer un punto de inflexión importante para esas prácticas que implican a grandes compañías, muchas de ellas tecnológicas, con presencia en todo el mundo, que generan beneficios y que tributan lo mínimo en esos países, derivando sus obligaciones fiscales a otros países más flexibles. Sin duda alguna, un acuerdo necesario para luchar contra ese escenario injusto así como contra el "dumping fiscal" de no pocos lugares. No es suficiente pero es un paso. 





Poner el acento en la situación de los jóvenes

Por EQUIPO AICTS / 25 de octubre de 2021

En las últimas semanas se han producido varias noticias que analizan y alertan de la situación de la juventud española. Es cierto que esta categoría es heterogénea y amplia, especialmente a la par que han ido cambiando los diferentes procesos y ritos de paso a la edad adulta, vinculados en nuestro sistema con la entrada en el mercado laboral y la emancipación residencial. Sin embargo, la realidad es que año tras año vamos analizando y reflejando un escenario que, lejos de mejorar, empeora. Y, lamentablemente, en ocasiones parece como si la solución fuese poco menos que imposible. La vulnerabilidad de los jóvenes es una constante que implica consecuencias tanto para los afectados como para la cuestión de los derechos, la ciudadanía y la cohesión social. Son numerosas las ocasiones en las que, en estos años, hemos escrito sobre los jóvenes en el Blog de AICTS. Con la pandemia de la covid-19, varios de los riesgos a los que se enfrentan se vieron acrecentados. 

Los jóvenes españoles se encuentran entre los que más paro cuentan en su entorno europeo, los que vienen de unas cifras más elevadas de fracaso escolar, los que poseen menores niveles de ingreso y más precariedad en el mercado de trabajo, de los que más dificultades encuentran en la emancipación y en el acceso a una vivienda en alquiler y en propiedad, consecuencia obviamente de ese mercado de trabajo que no les pone las cosas fáciles... Obviamente, como decíamos, la situación de los jóvenes es heterogénea, hay parte de los mismos que no responde a los patrones señalados, lo que nos lleva a señalar el peso de las condiciones de partida relacionadas con los orígenes socioeconómicos familiares. Pero, la mayoría de los jóvenes se enfrenta a la incertidumbre y la inestabilidad, lo cual dificulta y retrasa proyectos de vida. Luego, nos seguimos sorprendiendo de las bajas tasas de natalidad en un entorno que no lo pone nada fácil.

Hace unas semanas, El País recogía indicadores de un estudio de la OCDE y constataba que España contaba con el mayor número de jóvenes "ninis", un concepto que tiene no pocas connotaciones y que ha sido instrumentalizado en muchas ocasiones, superada únicamente por Italia. Lo cierto es que venimos, como se ha señalado al comienzo de este artículo, de unas elevadas tasas de fracaso escolar, aunque se han conseguido ir reduciendo en la última década, lo que da lugar a que haya muchos jóvenes que no estudian ni trabajan. Es una de las grandes debilidades de nuestro sistema educativo, que todavía no consigue reducir ese indicador a los niveles marcados por la Unión Europea. Un fracaso escolar que guarda también relación con variables socioeconómicas y de origen del alumnado afectado. Sin embargo, en el caso de los "ninis", también habría que observar cuántos de esos jóvenes identificados bajo esa categoría responden a situaciones de imposibilidad de encontrar un empleo.

Igual de relevante, o más, fue el estudio al que hacía referencia un artículo de El Confidencial sobre cómo los jóvenes tenían mayores niveles de ansiedad ante el riesgo de perder su empleo lo que implicaba una incertidumbre sobre su salario futuro. Este artículo recogía los datos de un interesante trabajo del Banco de España bajo el título Income Risk Inequality: Evidence from Spanish Administrative Record, que ha sido elaborado por un grupo de investigadores e investigadoras a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales de la Seguridad Social. Esta ansiedad e incertidumbre es una consecuencia lógica de un mercado laboral que penaliza a nuestros jóvenes y que dificulta sus pasos a la edad adulta, entendida como esos procesos institucionalizados y ritualizados en relación a los proyectos de vida. ¿Cómo los jóvenes no van a sentir incertidumbre ante un escenario que genera una vulnerabilidad y la reproduce? Empleos flexibles, salarios bajos, contratos temporales, etc., son una constante cuando se observa el mercado laboral en el que ingresa este colectivo. 

Cuando hace unos meses, Ana Iris Simón se convirtió en un fenómeno editorial con su recomendable novela Feria (Corazón de Tiza, 2020), lo hizo en buena medida por hacerse unas preguntas pertinentes para una persona que, comenzando la década de sus treinta años, observaba cómo esa precariedad de su vida era muy diferente a la situación que tenían sus padres en la década de los noventa del siglo pasado. Las soluciones a esta situación llegarán con mejores oportunidades laborales, con un mercado de trabajo que no penalice a este colectivo. Ciertamente, el escenario no es fácil para nadie, lo estamos viendo en la última década y media pero, una vez más, son los jóvenes los que están entre los grupos a la cabeza de esa vulnerabilidad. 









Seguimos sin aprender: la inversión en I+D en España

Por EQUIPO AICTS / 18 de octubre de 2021

No es la primera vez, ni será la última, que tenemos que escribir en el blog de AICTS sobre la cuestión de la I+D en España. Es frecuente que aparezcan noticias que hacen referencia a las inversiones que se realizan en nuestro país en esa materia, y generalmente suelen ser para alertar de los déficits en la misma, especialmente en comparación con otros países del entorno y las medias europeas, etc. El último ha sido el pasado mes de septiembre cuando, un artículo de Javier G. Jorrín en El Confidencial contaba con el explícito título de "El drama de la inversión pública en España: la I+D se recortó un 19% en la última década". Los indicadores recogidos en el texto no dejaban lugar a dudas. Ese recorte del 19% en la inversión pública en I+D confirmaba a España como uno de los países europeos que más ha reducido sus presupuestos públicos en ese capítulo. España, según los datos recogidos de informes de Eurostat, invertía 144,2 euros por habitante en I+D de los partidas públicas de 2020, cuando en Europa llegaba a 225 euros por habitante, un 36% más. España se situaba lejos de países como Alemania (443), Países Bajos (341) o Francia (235). Y, si en la inversión pública el escenario daba para lo daba, en el caso de las empresas era todavía peor. La inversión de las mismas en I+D en 2019 representó un 0,7% del PIB. Con respecto a la Unión Europea, en esta categoría la inversión de las empresas europeas era un 109% superior a las españolas.

Como en tantas ocasiones, conviene partir de las bases de este escenario pero no detenernos en ellas porque, obviamente, ha pasado un tiempo que hemos podido utilizar en solucionar o mitigar ciertos déficits se que han tornado en estructurales. Recordamos cómo, en la segunda mitad de la década de los noventa, en España, que venía de construir un Estado de Bienestar y de acelerar para acercarse a los niveles de sus vecinos europeos en numerosas dimensiones, se comenzó a insistir en la I+D, luego se añadió la "i" de innovación, como un paso necesario que dar. Estábamos muy lejos de lo que se hacía en otros lugares y había que acelerar en ese sentido. Claro que, lógicamente, las bases de nuestra investigación y desarrollo se encontraban lastradas por décadas de atrasos y decisiones que no ayudaban, al contrario. Sin embargo, España iba a tener una buena oportunidad con unos años de crecimiento económico. Basados en lo que se basaron, la burbuja inmobiliaria y demás, pero años de crecimiento económico a fin y al cabo. No se consiguió cambiar mucho en ese sentido, a pesar de las proclamas y las buenas intenciones. Se demandaba y se reclamaba un mayor esfuerzo en I+D con el viento a favor. En el caso de las empresas, y habría que valorar la cuestión de los condicionantes de las mismas y sus visiones, la situación no era mejor, como hemos visto.

Luego, lo ya sabido, crisis de 2008 y pandemia de la covid-19 de 2020. Dos crisis que suponen rupturas, con soluciones diferentes, pero rupturas. Si en la de 2008, los recortes y ajustes presupuestarios de los años siguientes se llevaron por delante partidas presupuestarias del gasto público en pilares básicos del Estado de Bienestar, también lo hicieron en la I+D. La situación de las empresas quedó también muy complicada con lo que, la inversión en I+D no iba a ser la prioridad. De todas formas, en aquellos años también se insistía en que, de cara a afrontar la crisis y sus consecuencias, había que apostar más en esa dirección. La pandemia de la covid-19 mostró cómo, en un contexto diferente, la menor apuesta en ese sentido tenía también sus efectos negativos. Se puso en valor la necesidad de incidir en la investigación y el desarrollo. A fin de cuentas, sería la misma la que tendría un rol determinante para salir de la crisis. De nuevo, volvemos a escuchar las voces que reclaman esas inversiones como una apuesta de Estado.

En definitiva, a fuerza de ser reiterativos, de insistir en lo mismo, hay que profundizar en las inversiones en I+D porque es determinante como país y como sociedad. De acuerdo, igual no podemos llegar a los niveles de Alemania, por ejemplo, y es que tampoco se pretende porque las estructuras son diferentes, pero se podrán dar pasos y avances claves para que el sistema de la I+D en España, público y privado, gane músculo y se encuentre en otra tesitura. Si no lo hacemos, la precariedad del mismo irá en aumento, se seguirá sin poner en valor y acumularemos más déficits en ese sentido. Una vez más. 





Las becas universitarias y la opción de estudiar 

Por EQUIPO AICTS / 11 de octubre de 2021

Hace muchos años, décadas, integrantes de este equipo éramos estudiantes universitarios. Buena parte del equipo de AICTS tuvo la oportunidad de acceder a los estudios superiores gracias a las becas. Estas eran fundamentales para poder llegar a ese nivel, especialmente si hacías una carrera que estaba fuera de tu ciudad. Aunque es cierto que el sistema de universidades públicas que se ha generado en España ha permitido que la movilidad para estudiar no sea la que se daba hace unas décadas, cuando la oferta mayoritariamente se concentraba en Madrid y Barcelona y otras pocas ciudades, no es menos cierto que, obviamente, que haya algunas carreras que se estudian en unos pocos lugares o que la formación elegida no esté en tu localidad. En este caso, contar con una beca era fundamental, como hemos señalado.

No es la primera vez que en el blog de AICTS hacemos referencia a los sistemas de becas que tienen las Administraciones Públicas y su importancia para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades. Son fundamentales ya que pueden suponer la diferencia entre que una persona estudie o no una carrera superior por motivos económicos. Ciertamente, habrá personas que señalen que hay personas y colectivos que ni siquiera llegan a la Universidad, al Bachillerato incluso o que se ven lastrados por sus orígenes socioeconómicos. Sin embargo, no es menos cierto que el sistema educativo ha evolucionado de forma positiva en ese sentido, especialmente destacable ese periodo de construcción de un Estado de Bienestar en España cuando muchas personas se convirtieron en las primeras de sus familias en ir a la Universidad. La equidad y la igualdad de oportunidades tiene margen de mejora, y es un hecho que los debates sobre la ruptura del ascensor social, del valor o no de la meritocracia y del peso de esos orígenes ya señalados están más de actualidad que nunca. 

Hace unos días, el diario El País señalaba que el retraso en el pago de las becas hacía que no pocos estudiantes tuviesen que recurrir a adelantos a través de entidades privadas. Se calificaba la situación de "crónica" y se establecían algunas de las opciones que tenían estos estudiantes para conseguir ese adelanto, indicándose también las comisiones que tenían que aportar en diferentes bancos o las condiciones. Nos encontramos con un sistema de beca que, en primer lugar, tarda en resolver las solicitudes, cuando ya se lleva una parte del curso y se han producido gastos que van desde desplazamientos a los alojamientos. En segundo lugar, una vez resuelto, y como indica el artículo y conocemos por investigaciones realizadas y por el contacto con estudiantes, estas becas llegan más avanzado el curso por lo que se tiene que seguir adelantando ese dinero. Es decir, se es consciente de las dificultades de articular ese sistema, de que ciertos retrasos en la valoración y concesión son inevitables por la cantidad de solicitudes, pero no es menos cierto que tendría que agilizarse ese proceso para que los estudiantes puedan contar con su beca lo antes posible.

En definitiva, soluciones que son necesarias para un escenario de mejora de la igualdad de oportunidades y la equidad. Puede que, para muchas personas y familias, ese retraso no suponga un importante contratiempo pero, para muchas otras, lo es y muy importante. Estudiantes y familias que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, que realizan importantes sacrificios para que ir a la Universidad. A pesar de ese escenario que se ha construido de la movilidad social, del cuestionamiento de la meritocracia, de la pérdida de peso del título universitario a la hora de acceder al mercado de trabajo, la realidad sigue siendo que, a mayor nivel de estudios, mejores empleos se logran. 



En peores condiciones y los puntos de partida

Por EQUIPO AICTS / 4 de octubre de 2021

En nuestro artículo de hace una semana, nos hacíamos eco del malestar que se generaba en las sociedades ante el crecimiento de la desigualdad y de la precarización de las condiciones materiales, muy vinculadas a la situación del mercado de trabajo. Ciertamente, y este es un hecho que se viene dando desde la crisis de 2008, en no pocas ocasiones se ha centrado la visión en las clases medias y en su depauperización. No cabe duda que el concepto de clase media siempre ha sido complejo y que categorizar y autocategorizarse como clase media no solo está marcado por el nivel socioeconómico sino por una serie de indicadores de estatus. Además, ese valor aspiracional relacionado con la movilidad social ha sido una seña de identidad de ese modelo. Todo ello con sus limitaciones y paradojas, con sus "consecuencias no queridas de la acción", y con muchos "peros" que podemos poner.

Sin embargo, en no pocas ocasiones se deja de lado aquellas personas, familias y grupos sociales para los que, se clase media, es una quimera. En el caso de España, las debilidades estructurales del Estado de Bienestar supuso que una parte de la población no saliese de una precariedad que implicaba vivir al día. Esos colectivos vulnerables eran los primeros en sufrir los golpes de las crisis, los primeros que perdían sus empleos y que tenían más dificultades para acceder al mercado de trabajo. Grupos con menores niveles de cualificación que, en no pocas ocasiones, acceden a trabajos en la economía informal o a subempleos.

La crisis de la covid-19 no ha sido una excepción y, a pesar de las medidas de protección como el denominado "escudo social", no son pocas las familias que se han visto abocadas a un escenario de mayor precariedad. De nuevo, las denominadas "colas del hambre" son una realidad en nuestras calles. Es un escenario que, como indica un artículo reciente de El Confidencial, se centra en las personas y colectivos en situación de pobreza severa, con España a la cabeza de Europa en esos indicadores. Son grupos sociales a los que las recuperaciones no llegan, que tienen unas condiciones de partida tan deficitarias que no están en posiciones de beneficiarse de las transferencias sociales. Como señalaba dicho artículo, las medidas tomadas han podido evitar la expansión de la pobreza pero no así la precarización de los grupos más vulnerables. Y, de nuevo, cabe recordar que el contar con un empleo ya no es garantía para salir de la pobreza, la exclusión social o el riesgo de caer en la misma por la evolución y las condiciones del mercado de trabajo. 

Mientras tanto, tampoco faltan las noticias que muestran cómo se complejizan los pasos para acceder a determinadas ayudas como el Ingreso Mínimo Vital. El mismo El Confidencial retrataba con toda la crudeza en un artículo la odisea de diferentes usuarias para acceder al mismo. Situaciones que, lamentablemente, no son una excepción y que muestran determinadas trabas burocráticas y escenarios que repercuten en esas negativas condiciones de partida. Y, volvemos a lo mismo, una sociedad en la que los orígenes socioeconómicos pesan cada vez más, en la que cada vez más personas están en riesgo de llevar un camino descendente, muchas veces evitado o mitigado por el apoyo familiar. Unas familias que sufrieron, en ese sentido, un enorme desgaste con la crisis de 2008. Es cierto que la parte más débil del Estado de Bienestar español siempre han sido los Servicios Sociales, pero también conviene recordar que estamos ante nuevos retos y desafíos. Hubo colectivos que se quedaron atrás en el pasado, y la situación se reproduce. 




El malestar

Por EQUIPO AICTS / 27 de septiembre de 2021

Llevamos asistiendo hace mucho tiempo, décadas casi, a un mundo que nos lanza mensajes contradictorios, a un escenario en el que se transmite que todo va bien y que irá mejor, pero vemos que la realidad no es así, o al menos, que no es poco, para la mayor parte de la población. Es cierto que nuestro tiempo es uno de los más privilegiados en la Historia, que la evolución que hemos llevado desde poco más de un siglo no tiene parangón. Pero, también es cierto que esos avances que habíamos vivido en buena parte de ese periodo o bien se han parado o bien se está produciendo una regresión. Sí, totalmente de acuerdo, nuestros niveles de bienestar son muy altos en comparación con hace cuatro o cinco décadas, por no hablar de todos los avances tecnológicos, y qué decir de todas las conquistas sociales, políticas, económicas y culturales, fundamentalmente en nuestro mundo occidental y desarrollado. Pero, como decíamos, las tendencias de las tres últimas décadas nos muestran un proceso que dibuja o maquilla esa realidad de un optimismo desaforado.

Recordemos que las transformaciones de nuestro sistema, a partir de la Globalización de marcado carácter neoliberal, han generado varias crisis, destacando la de 2008, y se está produciendo un aumento de la desigualdad. Esa desigualdad se ha extendido a la estructura social a través de una precarización de las condiciones de trabajo y de una ruptura de la movilidad social. Junto a ello, el deterioro del Estado de Bienestar y de las políticas públicas, las cuales son básicas para la redistridución, la cohesión social y la equidad y la igualdad de oportunidades. Mientras tanto, también se generaba un sistema de valores que preconizaba el individualismo y el consumismo. Así llegamos a la actualidad, cuando el debate se complejiza y se relaciona con el papel de las elecciones individuales, la capacidad de cada persona para llevar a cabo esas elecciones y el crecimiento del peso del origen socioeconómico sobre las mismas, que nunca dejó de estar presente. Hay que sumar, obviamente, el impacto de la crisis de la covid-19, hecho que está ahí a pesar de que ahora el optimismo por los fondos de reconstrucción sea dominante. Veremos.

Por supuesto, y lo hemos recalcado en numerosas ocasiones en este blog, a todo el mundo no le afecta esta situación por igual, al contrario. La desigualdad reproduce la desigualdad y el "efecto Mateo" es una realidad. Pero, la gran diferencia, que se acelera desde 2008, es que ya hay cada vez menos personas y grupos sociales a salvo de estos cambios y crisis. El debate ha alcanzado tal intensidad que se juega también en el campo de los valores y de las ideologías, como no podía ser de otra forma. Nada ilustra tanto ese proceso como la polémica de Feria de Ana Iris Simón, su novela de corte autobiográfico de 2020. Simón ha ilustrado el escenario de precariedad de una juventud que mira hacia el pasado y encuentra que la generación de sus padres tenía unas condiciones materiales más estables. De esta forma, desde un lado se ha criticado esas visiones y posiciones como nostálgicas y reaccionarias y, desde otro, de atentar contra la lógica de la libertad individual y de haberse liberado de diferentes cadenas (trabajo, familia, etc.). Por el contrario, no han faltado las voces que han puesto en valor la crítica de Simón, entre otros muchos, como la necesidad de responder a las cuestiones materiales. El dilema es muy antiguo pero no está de más recordar también la teoría de los Derechos Sociales y de la ciudadanía de Marshall, preconizando el valor de tener cubiertas las necesidades materiales para poder disfrutar de los Derechos Civiles y Políticos en igualdad de condiciones.

Esta reflexión retoma el inicio de este artículo, cuando se hacía referencia a esa disonancia entre lo que transmiten diferentes agencias y algunos indicadores, fundamentalmente macroeconómicos, y la realidad de las familias y personas, o de muchas de ellas. Inestabilidad, inseguridad y un futuro más complejo sin asideros a los que agarrarse, tanto materiales como de valores. El País publicaba hace unos días un interesante artículo sobre la cuestión, señalando cómo se producían aumentos de protestas y movilizaciones en un contexto de optimismo y recuperación. Y es que ese escenario está ahí, no es una exageración. Los modelos de sociedad basados en políticas públicas bajo los principios del Estado de Bienestar, de la cohesión social y de la corresponsabilidad han demostrado su valor en generar sistemas más justos, con sus debilidades, problemas y paradojas, que tampoco faltan. Pero, caer en manos de un sistema que apuesta por otros parámetros, aunque te lo disfracen de lo contrario, supone un nuevo escenario en el que, salvo que se produzcan cambios estructurales, la desigualdad y la inestabilidad serán la norma. Veremos si estamos a tiempo de evitarlo. 




El reto de la conciliación

Por EQUIPO AICTS / 20 de septiembre de 2021

Cabe volver a señalar, a fuerza de ser reiterativos, cómo la covid-19 y sus efectos nos han trastocado en general. Pero, también cómo todo se analiza desde la perspectiva de la covid-19. Es lógico. Incorporamos esa variable para ver el impacto de la pandemia y lo estamos aplicando a todo. De la educación a la desigualdad, pasando por todos los aspectos posibles. Hemos indicado en no pocas ocasiones que, la pandemia, podía suponer un cambio de tendencias o generar una aceleración de procesos que estaban en marcha. Nuestra opinión es que se produce el segundo escenario, no de forma lineal ni homogénea, por supuesto, pero lo estamos viendo en general. Seguramente lo más evidente tenga que ver con la cuestión de las tecnologías o parte de las condiciones laborales. En el otro lado, se cae en deseabilidades y solucionismos que, en la mayor parte de las ocasiones, no responden a los hechos. Este es el marco en el que nos encontramos.

Dentro de todas las cuestiones a las que la pandemia está afectando, la conciliación de la vida familiar y laboral es sin duda uno de los más importantes en tanto en cuanto se han producido cambios que han impactado en nuestros horarios y vidas cotidianas. Esto fue todavía más duro en los momentos de confinamientos o de restricciones de la movilidad. La conciliación de la vida familiar y laboral es un derecho y es un ámbito en el que los avances deben ser mucho mayores. A lo largo de las últimas décadas se han conseguido logros marcados por las demandas de colectivos e individuos, el cambio de roles sexuales, la transformación de las estructuras de nuestras sociedades, etc. La conciliación se observaba inicialmente del lado de mujer, consecuencia de esos roles sexuales que marcaban que el ámbito doméstico era su función. Su incorporación al mercado de trabajo y el avance en la igualdad y la coeducación fueron transformando esa visión aunque perviven aspectos que inciden en ese hecho, comenzando por unas estadísticas que muestran cómo la mujer sigue siendo la que se hace más cargo de las tareas domésticas. A pesar de esas situaciones, como decíamos, avances se han producido pero todavía lejos de lo deseable. Además, se han conseguido en mayor medida en el sector público que en el privado. Además, tampoco ayudan los horarios y las estructuras de nuestras jornadas laborales y una cierta cultura laboral en la que, en no pocas ocasiones, parece que estar "amarrado" al puesto de trabajo es casi una obligación. 

La pandemia ha supuesto nuevas dudas en relación a la conciliación, y una de las principales tiene que ver con el teletrabajo. De hecho, la conciliación sería una muestra de cómo la covid-19 y sus consecuencias no han servido para solucionar una situación sino para intensificar el escenario que se estaba dando. Es decir, lejos de las bondades tan transmitidas y de nuevo amplificadas desde medios de comunicación y otros agentes, la realidad es mucho más complicada. El teletrabajo, como refleja el artículo adjunto en este post, ha supuesto más dudas que certezas. Al final, el peso sigue recayendo en los mismos hombros y más todavía. Ocurre no solo en el caso de la mujer sino en el de cualquier trabajador. Pero, si existe ese desequilibrio entre las horas dedicadas a las tareas domésticas en función del sexo, el teletrabajo será no una oportunidad sino todo lo contrario. El teletrabajo genera muchas dudas debido a esa ruptura de las barreras entre el ámbito doméstico y el laboral, entre lo privado y lo público, generándose en no pocas ocasiones una disponibilidad casi 24x7 junto con otras dudas vinculadas a los costes del teletrabajo, sin olvidar el impacto en las sociabilidades. Y, la conciliación, como hemos señalado, se ve afectada. Hablamos de empleos que pueden contar con teletrabajo porque hay otros muchos que no tienen esa opción.

Hablamos de la conciliación, y hay que insistir en que, potencialmente, es una de las llaves para afrontar un reto demográfico que cada vez nos lleva a demografías más regresivas con escenarios cada vez más complejos. Si partimos de la base de que son las condiciones materiales las que, en nuestras sociedades, son determinantes en la toma decisiones sobre la natalidad, y estas se han ido retrasando debido a la situación del mercado de trabajo, la conciliación debe jugar un papel central. Si una pareja tiene dos empleos, necesarios para afrontar unos costes de la vida que aumentan (en el caso de España, es la vivienda la que se lleva la mayor parte), si la presión para mantenerlos es cada vez mayor, con una competencia más amplia, y si hay que "pasar" más horas en la oficina o en el puesto de trabajo... calculen. Y, como en el párrafo anterior, hablamos de un determinado tipo de empleos y trabajadores. No afecta a todo el mundo. Hay trabajos, muchos no cualificados, en los que por los horarios y otros factores, la conciliación se hace mucho más difícil. Y, en no pocas ocasiones, nos olvidamos de ellos. Aquí habría que hacer también un mayor esfuerzo para conseguir que ese derecho se cumpla. Como hemos señalado, es un todo interrelacionado. 




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